para atender las solicitudes sólo cuentan con dos técnicos autorizados para realizar los estudios, quienes además desempeñan otras funciones propias del cargo. Aunado a lo anterior, se indicó que uno de los principales problemas que enfrentan es la carencia de terrenos para adjudicar, debido a que desde hace algún tiempo no se compran propiedades en el cantón.

Luego del análisis y estudio del caso, la Defensoría considera que las y los habitantes no deberían asumir las consecuencias de la falta de personal, por el contrario, es preciso que se tomen las previsiones pertinentes a efecto de atender la demanda de trabajo que ingresa a esta oficina, justificando y previendo la incorporación de más recursos o definir algún tipo de reorganización de funcionarios para la atención de solicitudes insatisfechas.

Además, la Defensoría ha venido llamando la atención de las instituciones públicas sobre el deber de mantener informados a los y las usuarias de los servicios, respecto de los trámites que presenten, ya que esto permitiría un monitoreo efectivo por parte de las y los interesados, así como el proceso que debe seguir y, eventualmente, el tiempo probable de resolución de su solicitud. Desde el punto de vista de la Defensoría, el acceso a esta información pública permitiría el beneficio tanto de la administración como del interesado.

Así las cosas, la Defensoría solicitó al IDA revisar el proceso de control interno de la Oficina Regional de Orotina, con el fin de determinar cuáles podrían ser las eventuales causas de los problemas que se presentan en dicha sede administrativa, así como las posibles soluciones para atender la demanda de servicios y las medidas que se adoptarán al respecto.

La Defensoría se encuentra valorando las acciones a seguir, pues resulta contradictorio que la institución que fue creada para impulsar la promoción social y económica de la población campesina, limite el acceso a los servicios que presta, afectando directamente a las familias que deben resguardar por Ley.