Villalta manifestó que encontró responsabilidad política del Ex Presidente Óscar Arias Sánchez por “haber impulsado los procesos de concesión de obra pública, sin que el Estado costarricense estuviese institucionalmente preparado para garantizar el éxito y la debida fiscalización de esta clase de contratos”, también por haber inaugurado la obra seis meses antes de lo pactado y 10 días antes de las elecciones del 2010.

En su informe el diputado Villalta pide las siguientes inhabilitaciones para ocupar cargos públicos:

Por diez años, para la ex Ministra de Obras Públicas, Karla González Y ex Presidenta del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), por incumpliendo de deberes y negligencia en el manejo de recursos públicos en perjuicio del interés público.

Por seis años para el ex Ministro de Obras Públicas y Transportes, Marco Vargas, por incumplimiento de deberes.

Por seis años, para la Contralora de la República y ex Secretaria Técnica del CNC, Rocío Aguilar, por incumplimiento de deberes. Además propone al Plenario Legislativo iniciar un proceso disciplinario para la remoción del cargo por “ineptitud y procederes incorrectos”.

Por seis años para los ex Secretarios Técnicos del CNC, Luis Diego Vargas y Guillermo Matamoros, así como para la gerente de proyectos, Hadda Muñoz, por incumplimiento de deberes.

Así mismo solicita al Ministerio Público, en relación al Código Penal y la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, individualizar las responsabilidades administrativas y penales que corresponda y profundizar  sobre la posible comisión de los delitos de sobreprecio irregular, falsedad en la Recepción de Bienes y Servicios Contratados y Pago Irregular de Contratos Administrativos tipificados en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito.

Finalmente recomienda a la Asamblea Legislativa, hacer una revisión integral de la Ley de Concesión de Obra Pública y al Poder Ejecutivo, iniciar de inmediato el cobro de multas al concesionario: renegociar el contrato, cobrar la garantía ambiental y suspender todos los procesos de concesión hasta fortalecer  el CNC.