Es importante destacar que para el año 2010 se presentó un aumento considerable en la ejecución presupuestaria, ya que a noviembre de ese año se tenía una sub-ejecución de un 10.06% (¢497.731.681), lo anterior a consecuencia de cambios administrativos realizados durante el mes de mayo de 2010 a lo interno de la Dirección General de Adaptación Social, lo que llevó a la construcción de nuevos módulos en Limón, San Carlos, San Rafael, Puntarenas, Liberia y Pérez Zeledón, aumentando en 640 espacios nuevos a inicios del 2011; no obstante, estos espacios nuevos no solucionará el problema de hacinamiento existente.

En cuanto a las plazas en el sistema penitenciario se disponen de 1.290 entre los 15 centros penitenciarios, a las cuales le corresponde la atención de 10.541 personas privadas de libertad. Si se analiza solo el crecimiento de la población en los últimos cinco años -2.793-, es mayor que el número de funcionarios y funcionarias del sistema, creándose de esa manera, una clara desventaja para el personal ante la falta de proporcionalidad, de ahí que es urgente que las autoridades de Hacienda establezcan un procedimiento para dotar en forma paulatina del recurso humano necesario.

Respecto a las plazas de la policía penitenciaria, se tiene que durante los últimos cinco años se crearon 507 plazas nuevas, para un total en la actualidad de 3.138 plazas distribuidas en todos los centros institucionales, sin embargo, es necesario tomar en consideración que la totalidad del personal que ocupa las plazas no se encuentra laborando en forma simultánea, lo que dificulta la capacidad de respuesta de la policía penitenciaria.

En respuesta a la Defensoría, el Ministro de Justicia y Paz, solicitó al Oficial Mayor, Director Ejecutivo y Director General de Adaptación Social, un levantamiento de la información de plazas técnicas, profesionales y de policía que sean necesarias para atender el grave incremento de la población privada de libertad, “ejecutándose de esta manera la recomendación de la Defensora de los Habitantes”.

Condiciones laborales

En las visitas periódicas que la Defensoría de los Habitantes ha realizado a los centros institucionales, se ha observado que las y los funcionarios técnicos y administrativos no cuentan en algunos casos con las condiciones laborales mínimas para cumplir con las exigencias que demanda el trabajo en dichos centros. Esta situación laboral en el sistema penitenciario se arrastra desde hace muchos años, sin que haya existido interés en buscarle una solución definitiva. Esta situación ha motivado que el personal de los centros institucionales haya tenido que laborar con equipo de trabajo personal y se ha observado casos en que el funcionario ha tenido que llevar sus propios escritorios o sillas al lugar de trabajo.

El faltante de recurso humano técnico ha sido una constante y junto al crecimiento de la población privada de libertad y las obras de construcción que se encuentran en proceso, se visualiza un agravamiento de la situación, ya que no ha existido un equilibrio entre el crecimiento de la población privada de libertad y el recurso humano en los centros penitenciarios.

Sin embargo, para la Defensoría de los Habitantes es importante destacar los esfuerzos recientes que ha realizado el Ministerio de Justicia y Paz para dotar al personal de los centros penitenciarios de equipos de computadoras y otros, para facilitar mejores condiciones laborales. Estos recursos son fundamentales para los procesos técnicos que desarrollan los centros penales, ya que permite dar agilidad al trabajo que realiza el personal y ayuda a mejorar los tiempos de respuesta a las autoridades judiciales y administrativas, entre otras ventajas.

En general, el sistema penitenciario costarricense se encuentra en una aguda crisis a causa entre otros factores al vertiginoso aumento de la población penitenciaria en los últimos dos años, lo cual es visible en la existencia de sobrepoblación crítica y sus consecuencias en las personas privadas de libertad, a la falta de personal técnico, administrativo y de seguridad de los centros penitenciarios, y en el mismo aparato institucional. Pero además, por la incapacidad de gestión administrativa que generó, por varios años, una sub ejecución presupuestaria.

Los hechos que se produjeron el día 11 de mayo de 2011 en el Centro de Atención Institucional La Reforma, es decir, la tentativa de fuga de un grupo de personas privadas de libertad del Ámbito de Máxima Seguridad,  preocupa sobremanera a la Defensoría de los Habitantes. Esto por cuanto actualmente la seguridad institucional del sistema penitenciario se encuentra en una proporción de diez a uno, cuando lo ideal es que la proporción sea de tres agentes de seguridad por cada persona privada de libertad. Es importante y necesario que las autoridades del Gobierno Central destinen en forma urgente las partidas presupuestarias necesarias para la contratación del número de plazas requeridas para poder garantizar la seguridad institucional, la que comprende específicamente la seguridad del personal penitenciario, la de la población privada de libertad y, por supuesto, de las personas que visitan los establecimientos penitenciarios.

Por otra parte, también resultan preocupante las causas que permitieron que la tentativa de fuga se produjera, específicamente el motivo por el cual algunas personas privadas de libertad estuvieran fuera de las celdas, siendo que la dinámica del Ámbito de Máxima Seguridad señala y exige una mayor contención para la población en relación con el resto de los ámbitos que se ubican en el Centro de Atención Institucional La Reforma.  Se hace necesario, pues, que se efectúe una investigación a lo interno para determinar qué fue lo que ocurrió y se puedan aplicar las acciones administrativas correspondientes para enmendar los procedimientos de control y seguridad y evitar que este tipo de situaciones se presente a futuro.