de hacer pasar por cabecillas de la guerrilla a los líderes sindicales, estudiantiles y de otros opositores al gobierno, a pesar del cambio de gobierno.

El actual Ejecutivo ha expresado repetidamente su decisión de tolerancia cero con cualquier tipo violación de los derechos humanos en el país. “Un mensaje muy claro en el cual está empeñado el presidente Juan Manuel Santos —declaró no hace tiempo el vicepresidente, Angelino Garzón— es que ningún servidor público en Colombia debe verse involucrado en delitos que violen los derechos humanos o el derecho internacional humanitario”.

Sin embargo, afirma el comunicado del MOVICE, que “la impunidad campea y se le adeuda a las víctimas el derecho a constituirse en parte civil, según lo contempla la Ley del sistema procesal colombiano”. Y uno de sus portavoces, Franklin Castañeda, explica: “Se persigue políticamente a las personas por su opinión, porque están organizados, porque se oponen socialmente al Estado, pero también por el simple hecho de poseer un bien que le interesa al Estado colombiano, o que le interesa a una multinacional o a una empresa de gran capital colombiano”.

Castañeda era un joven estudiante en Barranquilla, su ciudad natal y la cuarta más poblada del país situada en la costa del mar Caribe. Allí se distinguió por su liderazgo en el ámbito estudiantil, pero en abril del 2006, este comprometido activista fue víctima de un atentado y pocos meses después sufrió un intento de secuestro. Luego de eso tuvo que trasladarse a Bogotá, donde reside desde entonces, y continúa luchando por los derechos de los que sufren persecución en todas las regiones del país.

“Soñamos con un proceso de verdad”, dice el portavoz del MOVICE, refiriéndose a un proceso judicial que permita “saber quién asesinó a nuestros familiares, saber por qué se nos persiguió”. “Cuando el pueblo colombiano sepa por qué tantas personas fueron masacradas en Colombia —asegura el activista— y quiénes están detrás de esa estrategia, que los hizo más ricos, mientras a otros nos hizo más pobres, el pueblo colombiano va a cambiar”.

A diferencia de muchos otros países, destacan en el colectivo de abogados 'José Alvear Restrepo', otra organización no gubernamental colombiana, la detención por razones de conciencia no se realiza en el país de manera descarada, sino que siempre se aprovechan los conflictos militares existentes en el país.

“Hay decisiones judiciales preventivas frente a la comisión de nuevos crímenes, —sugiere Alirio Uribe Muñoz, el presidente de este colectivo— y si los criminales sienten que pueden ir a lo largo y ancho del país desapareciendo, asesinando, haciendo actos de corrupción, pues esos crímenes se siguen repitiendo. Y eso es también uno de los retos que tenemos en Colombia”.

Ambas organizaciones cifran en 130 el número de ataques anuales contra los defensores de los derechos humanos entre 2002 y 2009. Siendo 16 de ellos asesinatos. Mientras que en 2009 y 2010, esos actos de agresión superaron los 170, según denunciaron las dos entidades.