El diputado Justo Orozco Álvarez de Renovación Costarricense, presentó por aparte un informe de minoría. Lo mismo hicieron los liberacionistas Luis Antonio Aiza Campos y Siany Villalobos Argüello.

El diputado del Movimiento Libertario Danilo Cubero Corrales, quien se desempeñó como Presidente del grupo de trabajo dejó claro que fue una investigación de vinculación política y es al órgano judicial al que le corresponde implementar las posibles sanciones.

Manrique Oviedo Guzmán —diputado del Partido Acción Ciudadana y quien ocupó el puesto de Secretario en el grupo investigativo— hizo un resumen del trabajo efectuado y de los aspectos que los llevaron a las conclusiones presentadas.

Dinero para seguridad
Dado que toda la problemática que generó la investigación se deriva del préstamo de 2 millones de dólares que hizo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para ser utilizado en el desarrollo de dos programas implementados por la Casa Presidencial y de los cuales hay un remanente cercano a los $400 mil dólares, los congresistas proponen que ese dinero se empleé en la compra de equipo para el Ministerio de Seguridad Pública.

De acuerdo con Sotomayor también se hace una excitativa a la Presidenta de la República para que pida una auditoría de esos dineros y mande los resultados a la Contraloría y esta a su vez reabra la investigación que ya se dio por cerrada.

Sanciones propuestas
Con base en el artículo 59 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, proponen que al ex Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias Sánchez, se le inhabilite para ocupar cargos públicos por un espacio de 8 años.

Al ex Ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino por tráfico de influencias y conflicto de intereses, una inhabilitación de 4 años y a la ex Fiscal General Lillian Gómez Mora por tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, una inhabilitación de 4 años.

Proponen una moción de censura contra la actuación de la Procuradora General de la República Lorena Brenes Esquivel por lo que consideran “no cumplir con el deber de probidad que debe sustentar sus actuaciones, especialmente por no girar las órdenes e instrucciones para que se diera una participación activa de la Defensoría de la Ética Pública”.

Incluyen además “una llamada de atención a la señora Rocío Aguilar, Contralora General de la República por emitir informes sin contar con los elementos de juicio suficientes para sentar responsabilidades en el caso del manejo de los fondos no reembolsables del BCIE”.

La propuesta de sanciones alcanza al Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, de quien recomiendan a la Corte Plena “…iniciar un procedimiento administrativo interno con el objetivo de establecer las responsabilidades disciplinarias que se puedan dar en este caso…”
Tanto este informe de mayoría como los otros dos informes de minoría, serán enviados al Plenario Legislativo, donde se deben conocer y aprobar o rechazar.