seguridad colombianas. La versión final de la norma no otorga el estatus de beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ni a ningún otro grupo armado ilegal.

La ley, que tendrá una vigencia de 10 años, reconoce como víctimas a todos aquellos que hayan sufrido una agresión desde enero de 1985 por la guerrilla, los paramilitares o por miembros del cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las víctimas de hechos anteriores a esta fecha accederán a una reparación simbólica y a la garantía de no repetición. La norma también incluye la restitución de tierras de los que sufrieron desalojo forzoso desde el 1 de enero de 1991.

En el documento se establecen medidas especiales de asistencia en materia de salud, educación y acceso a un subsidio para cubrir los gastos funerarios derivados del conflicto armado. Además, se prevé la entrega de ayuda humanitaria para que las víctimas puedan sobrellevar las necesidades básicas e inmediatas que surgen tras un acto violento. Según la estadística oficial, más de 450.000 familias fueron desalojadas de cerca de dos millones de hectáreas por los enfrentamientos dentro del país.