que contraten empleados sin estatus de residente legal, por ejemplo, la suspensión o revocación de su licencia.

La ley, cuya vigencia está prevista a partir del 1 de septiembre, obliga a las empresas a usar una base de datos llamada E-Verify para confirmar el estatus inmigratorio de los nuevos empleados.

"Tenemos un problema real con la inmigración ilegal en este país", dijo Bentley después de firmar la ley. "Yo defendí las leyes de inmigración más severas y estoy orgulloso de la Legislatura por trabajar incansablemente para crear la legislación más fuerte del país", agregó.

 Defensores de los derechos de los inmigrantes prometieron desafiar la ley en la corte, luego de haber bloqueado medidas similares en Arizona, Utah, Indiana y Georgia. El Departamento de Justicia estadounidense también apeló la ley de Arizona.

La canciller de México, Patricia Espinosa, dijo en su cuenta de la red social Twitter que la ley "amenaza los derechos humanos y civiles de todos los migrantes en ese estado". México es el país de origen de la mayoría de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. "México utilizará todo recurso legal disponible para defender los derechos y la dignidad de connacionales en Alabama", agregó Espinosa.

Alabama es el último estado en seguir el ejemplo de la controvertida ley aprobada en Arizona el año pasado. Las cortes bloquearon la implementación de una parte de la legislación que permitía a la policía comprobar el estatus inmigratorio de los transeúntes.

La ley de Alabama se distingue por el requisito de que las escuelas públicas determinen, a través de la revisión de certificados de nacimiento o declaraciones juradas, el estatus de residencia legal de los estudiantes. "Tememos que, en efecto, esto restringirá a los estudiantes por miedo o acoso", dijo Shay Farley, directora legal de Alabama Appleseed, una organización sin fines de lucro de defensa de la comunidad.