exigir la aplicación de  los protocolos de las prácticas médica vigentes y el número de embriones que se transfiera a la mujer  deberá basarse en el criterio médico y no puede ser superior a tres.

Enfatizó que se debe prohibir la reducción o destrucción de óvulos fertilizados, así como la experimentación o cualquier otro acto que atente contra la vida y la dignidad humana.

La legisladora considera que se debe dar a la Caja  de Seguro Social un plazo para adaptar la infraestructura y su personal para aplicar la técnica.

Su compañero de fracción Luis Antonio Aiza  Campos se manifestó en contra de la iniciativa asegurando que el país se ha caracterizado por la protección de los derechos humanos.

Para el congresista la aplicación de la técnica contraviene el derecho a la vida por lo que no puede ser autorizada en el país mientras signifique el daño a vidas humanas.

Para el legislador el Estado hizo bien cuando   prohibió la aplicación  de este tipo de prácticas para asegurar la reproducción humana pues sostiene que ninguna razón puede justificar la muerte anticipada de vidas humanas.

“Aunque esas vidas  apenas se inicien y su objetivo sea tan loable como conseguir el nacimiento de un hijo a una pareja que padece infertilidad, para conseguir un niño nacido no podemos estar dispuestos a permitir la muerte de muchos” aseguró.

Para el legislador es inconcebible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recomiende a un país cambiar su legislación con respecto a la tutela de la vida humana.