“Para nosotros, lo importante es que la Constitución tiene que proteger el agua y decir, como mínimo: 1) Que el agua es un bien público, de uso colectivo, que no puede privatizarse; y 2) Que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental. No una mercancía”, agregó el legislador.

“Además, hemos promovido que expresamente se incluya que el abastecimiento de agua a las poblaciones será siempre la primera prioridad. Que esta prioridad prevalecerá sobre cualquier otro uso del agua. Para nunca más tener comunidades con sed, mientras se llevan el agua para regar canchas de golf”, agregó el Diputado Villalta.

El expediente 16.897 fue dictaminado afirmativamente por una comisión especial creada para conocer esta reforma constitucional. En dicho dictamen se logró aprobar un texto de consenso que cuenta con el apoyo de siete fracciones legislativas que en total suman 48 diputados y diputadas, así como con un amplísimo respaldo de organizaciones sociales y ambientales.