Ello se manifiesta en muchas ocasiones, en criterio de la Defensoría, en una competencia ambigua, o bien, en la duplicidad de funciones, situación que a toda luces debe cambiar en aras del respeto a las personas que acuden a diario a recibir la atención en los servicios públicos.

En el amplio informe que se presenta este año, la Defensoría revela ejemplos de esa necesidad inminente de coordinación para la eficacia que le urge al Estado, en términos de competencias y responsabilidades, pues sin esa necesaria organización, la mayor dificultad será la del cumplimiento efectivo de los derechos humanos de la población.

Un resumen de esas intervenciones se denotan en la incertidumbre por el futuro de la CCSS, la insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidades de vivienda de quienes son más vulnerables, la estructura tributaria, los procedimientos utilizados para los ajustes salariales cada semestre, tanto como para los salarios mínimos, el estancamiento de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en la revisión de las metodologías para fijar las tarifas, los aumentos automáticos en la gasolina, tema que ya tiene casi 4 años de estar en discusión para definir la metodología  y otros muchos ejemplos, que dan la voz de alerta sobre el grave problema de la responsabilidad y la eficacia en la función pública; y que además, ilustran cómo las acciones u omisiones de las entidades públicas en el ámbito económico, pueden incidir en el goce de los derechos humanos.

Otras situaciones apuntadas

En las últimas administraciones, por ejemplo, en un lapso de cinco años, la lucha contra la pobreza ha estado bajo la responsabilidad del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud y de la Presidencia del IMAS como Ministerio sin Cartera. Además, este cambio constante en la coordinación de las políticas para combatir la pobreza, no ha considerado la competencia legal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ni las normas que define el Sistema Nacional de Planificación.

Otras situación clara se denota en que el Banco Hipotecario de la Vivienda, a pesar de tener normas vigentes, no ha sancionado a ninguna entidad autorizada o empresa constructora, por la falta de fiscalización o el inadecuado uso de los dineros del Estado, esto pese a que las denunciar por este tipo de situaciones son abundantes y no aisladas.

De igual manera se denota la visibilización y atención de las personas en situaciones de riesgo y abandono social, el cual es un proceso iniciado, pero no terminado por parte de las instituciones públicas. Para la Defensoría, el Estado no ha agudizado el ojo y tampoco ha tomado las decisiones adecuadas en términos de coordinación responsable y de largo plazo para atender estos graves problemas. Quienes han sido, en realidad, pioneros en la atención de estas personas, son organizaciones nacidas en el seno de la sociedad civil, motivadas por el mandamiento solidario de “ayudar al prójimo” ofreciéndole a esta población, que ¡no es poca ni  mucho menos invisible!, atención inmediata, refugio, vestido y alimentación; además de otras oportunidades como terapias, capacitación y empleo.

Valga decir, que pese a la cómoda delegación de funciones que le facilitan estas organizaciones al Estado, éste se ha limitado a autorizar, supervisar y regular su funcionamiento, justificando su proceder en los “subsidios” que les giran, pero aún sin asumir directamente la responsabilidad, ni tampoco promover estas iniciativas como alternativas paralelas a las estatales. Estas situaciones de riesgo y abandono social, ameritan una intervención institucional, permanente, sostenida en el tiempo, responsable y sobre todo, coordinada, desde la cual, las instituciones públicas, asuman el deber de protección con planificación y ejecución de acciones específicas que garanticen a esas personas el derecho a vivir una vida digna.

Sobre el cuido de la familia como corresponsabilidad social, debemos rescatar que es una iniciativa de la Administración Chinchilla, que mediante el  Decreto Ejecutivo No. 36020-MP, declara de interés público la conformación y desarrollo de la “Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, con el fin de articular los esfuerzos públicos y privados en materia de atención integral y desarrollo infantil; y con la pretensión clara de mejorar la calidad y cobertura de los servicios que se ofrecen. Para la Defensoría, una necesaria iniciativa.

Se apuesta a una estructura básica ya existente, como los programas CEN CINAI, Hogares Comunitarios, centros infantiles privados y públicos y ONG´s que brindan servicios de cuido, a los cuales se les dará fondos para fortalecerlos.  Asimismo, la actual administración, consciente del acelerado proceso de envejecimiento de la población y la falta de alternativas de atención y cuido para las personas adultas mayores en estado de abandono, maltrato y pobreza, ha propuesto la creación de una red de cuido para las personas adultas mayores.

Pero valga decir, que mientras el Ministerio de Bienestar Social y Familia, se crea jurídicamente y pasa a asumir la responsabilidad de la Red, se utiliza la plataforma del IMAS, institución que fue creada en realidad, con el fin de solventar los problemas de pobreza en el país. De nuevo, el tema de las competencias y responsabilidades, que deben ser articuladas para que el proyecto pueda avanzar y los servicios de las distintas instituciones estén debidamente coordinados.

Seguridad ciudadana y violencia

En cuanto a la situación de la seguridad ciudadana y violencia, la Defensoría sostiene que en los últimos años, se ha señalado la necesidad del que el país cuente con una verdadera política pública en esta materia, que sustituya la visión existente de que las acciones del Estado, son estrictamente de orden coercitivo.

Por ello, la emisión de la Política Integral y sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ), debe reconocerse como un avance valioso del Estado costarricense hacia la adopción de acciones articuladas e integrales que efectivamente, puedan revertir la multiplicidad de factores que subyacen en el crecimiento de la (In) seguridad en el país. Pese al progreso indicado, debe existir preocupación porque esa política no se acompañó de un plan de acción, que definiera claramente acciones concretas, responsables, plazos y sobre todo, el presupuesto disponible para su ejecución. Tal omisión, ha llevado inclusive al Ministerio de Planificación a calificarla como una “propuesta conceptual” cuya aplicación aún está sujeta a procesos de planificación y definición de acciones.

De tal suerte, en su lugar, se aplican las acciones enunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que no necesariamente comparten la misma visión de integralidad y de vocación preventiva que sí tienen la POLSEPAZ.

Por otro lado, bajo la sombrilla del tema de Seguridad Ciudadana, vale la pena seguir llamando la atención sobre el resquebrajamiento que sufre el Sistema Penitenciario en la actualidad, a donde se evidencian problemas estructurales que apuntan a la sobrepoblación y su consecuente hacinamiento; a problemas de infraestructura; al estancamiento del modelo de resocialización, lo cual, se observa en la vulneración de derechos en los centros, tales como la  salud, la falta de personal, el acceso al trabajo, la atención a los problemas de drogadicción, el acercamiento familiar, la condición jurídica de la población, las relaciones de convivencia y con ello, el abuso de autoridad, entre otros.

Sistema de salud

Otro de los temas que se refiere el Informe es sobre la dificultad en el acceso a los servicios de salud en la CCSS. En este apartado, son dos los temas que se mencionan. El primero, sobre la urgente necesidad de revisión del modelo de atención en salud y el fortalecimiento de la capacidad instalada de la CCSS, donde la revisión de ese modelo cuente con una visión consensuada con el Ministerio de Salud; y el segundo, la carencia de profesionales, como en el caso de médicos residentes y su distribución, tanto como otros problemas de equipamiento y deterioro de la infraestructura instalada.

Sobre el modelo de atención en salud, conviene resaltar el esfuerzo iniciado por las autoridades tanto del Ministerio de Salud como de la CCSS, por hacer un análisis crítico de las causas que han generado un deterioro en la prestación de los servicios de salud. La falta de planificación, así como la escasa sobre cómo enfrentar los retos epidemiológicos que afronta el país, con la infraestructura y requerimientos de personal médico y técnico que ello conlleva, son parte de esa necesaria revisión del modelo, misma que la Defensoría apoya, invitando a que sean parte de esta revisión los sectores sociales involucrados.

Un ejemplo, que evidencia la necesidad de revisar el modelo actual de atención en salud, lo constituyen dos temas particulares: la Clínica de Tibás y el Hospital Nacional de Niños. En el primer caso la CCSS licitó para contratar los servicios de salud de primer nivel de atención en varios cantones, entre ellos Tibás. Pero las condiciones del cartel presentado, no ofrecían los servicios que por años se habían recibido en esa comunidad, con lo cual, los pacientes serían trasladados a otros centros médicos como la Clínica Clorito Picado y el Hospital México, sin que en ellos se hubiesen reforzado los servicios requeridos. De tal forma, el futuro de los pacientes trasladados sería el de engrosar las ya conocidas listas de espera.

A esta decisión poco planificada y sin organización, la Defensoría ha señalado su insatisfacción rotunda porque en esas condiciones solo se vulneran derechos y se profundiza la ineficiencia en el servicio de salud que recibe el cantón de Tibás. Otro tanto sucede con las listas de espera en el Hospital Nacional de Niños, pues la Defensoría ha recibido gran cantidad de quejas sobre la dilación, reprogramación o no asignación de citas para cirugía en diferentes servicios especializados de ese centro médico. Luego de la investigación del órgano defensor, se determinó que las listas se presentan en ortopedia, anestesiología, unidad de quemados y de trauma, cirugía vascular y tórax, oncología y cirugía reconstructiva.

De tal forma, claramente, no  se está avanzando en materia de atención médica, ni logrando mayores márgenes de eficiencia en la prestación de los servicios de salud que reciben las personas. En realidad lo que se obtiene es el efecto contrario y por eso, la Defensoría considera que la CCSS necesita revisarse internamente y cambiar algunas políticas al respecto.

Ambiente

Otro de los grandes temas, es el de las Políticas Públicas y el derecho al disfrute de la sostenibilidad ambiental. Sobre este tema, el Gobierno de la República estableció 4 ejes programáticos: ordenamiento territorial, protección del recurso hídrico, neutralidad carbono y energías renovables. Para ello, se crearon Consejos Presidenciales y uno de ellos es el de Medio Ambiente.

Pese a que es una iniciativa valiosa que podría ser un espacio de coordinación,  preocupa a la Defensoría que el tratamiento de los grandes temas ambientales, diluya las competencias y responsabilidades que en esa materia, tienen ya por ley distintas instituciones públicas. De nuevo, nos preocupa la eficacia de cara a la planificación y a la eventual duplicidad de funciones.

Por otro lado, uno de los temas que sobresale acá, es el Recurso Hídrico. Partimos de que sin agua no hay posibilidades de vida y por ello, el reconocimiento del derecho al agua como un derecho fundamental, es indiscutible en la realidad jurídica costarricense. Con base en eso, para la Defensoría el tema del suministro de agua potable en calidad y cantidad ha sido una preocupación constante a lo largo de los años. Sin embargo, la casuística institucional evidencia situaciones de irrespeto a este derecho y eso debe ser corregido y así lo hemos hecho saber constantemente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Existen muchos otros retos la efectiva protección del medio ambiente. Tres casos puntuales en los que hemos intervenido y que se detallan en nuestro informe son: primero, el problema que enfrentan las personas dueñas de propiedades privadas ubicadas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque. El segundo, es el de la piña y la Stomoxys calcitrans (Mosca del Establo), en razón del manejo que se le da a los desechos de la piña y la propagación de esta mosca que afecta a las poblaciones vecinas a las plantaciones.

Gestión de Riesgos y otros temas

Otro tema que aborda el Informe es en relación con la Gestión de Riesgo, en el cual se insiste que, debido –entre otras cosas- a omisiones estatales en la materia, la carencia de una política integral y sostenible de gestión de riesgo como eje transversal de las iniciativas de Gobierno, así como una Estrategia Nacional de Cambio Climático. Pese a ello, en la actualidad las debilidades institucionales se repiten evento tras evento, pues seguimos con procesos de falta de prevención, mala planificación, desastre, reconstrucción, etc. Tal cosa, solo general situaciones de emergencia que se repiten cada cierto tiempo.

Por ello, además del trabajo que ya se viene realizando sobre el tema y con base en la Política Nacional de Gestión de Riesgo, la Defensoría ha decidido que en los próximos meses, se abocará a realizar una investigación  para conocer e identificar las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Emergencias a los gobiernos locales, para la atención e intervención oportuna en aquellos cantones o áreas geográficas que tienen mayores niveles de vulnerabilidad ambiental.

Otro de los problemas que llaman la atención se refiere a la situación de hostigamiento sexual, sobre el cual, prácticamente, la Defensoría se manifiesta año tras año, sin que exista aún alguna tendencia a su desaparición. Al respecto, la Defensoría le alarma las cifras y  nos abruma la poca acción de las distintas instituciones, en cuanto a la reglamentación del problema, pues la mayoría de ellas que tiene un reglamento, no cuenta con el requisito legal de haberlo publicado en el diario Oficial. Es decir, falta voluntad, eficacia y sin duda, falta conciencia de que estamos ante un problema grave del que también urge su erradicación total.

Otros problemas que afectan los derechos humanos de las y los habitantes y que no  hemos podido mencionar, pero se encuentran con detalle en el informe, son los de la apertura en telecomunicaciones, la seguridad alimentaria,  el Proyecto de Ley General de Electricidad, el tema de los derechos de autor, la carretera a Caldera, Fecundación in Vitro y muchos otros, todos ellos, de vital importancia en tanto implican afectaciones al goce y disfrute de los derechos de las personas.

“Este informe es un instrumento de trabajo; es una guía para la acción que reúne las voces de nuestra sociedad que día a día llegan a la casa de los y las habitantes para que sus problemas que enfrentan con el sector público sean escuchados y atendidos”, dijo Ofelia Taitelbaum, defensora de los Habitantes.