Si hay un proyecto que se convierta en ley en este plazo, la CIDH tendrá que evaluar esa ley para saber si satisface los cánones internacionales que ellos practican,  señaló en Embajador costarricense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Enrique Castillo.

“Si la Asamblea Legislativa deja pasar la oportunidad de legislar y deja el vacío, la Corte vendrá a fijar otros parámetros”, dijo Castillo.

Si no se consigue el proyecto de ley, “posiblemente nuestro país irá como demandado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que equivale a decir que nos vendrán decisiones externas para un tema en el que los costarricenses no pudimos resolver diferencias y generar un consenso”, advirtió el Canciller René Castro.

Por su parte, el representante legal de los peticionarios,  Gerardo Trejos  reconoció por su parte “los esfuerzos de buena fe que ha hecho el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Comentó que a 10 años y seis meses de la permanencia, el tema “se ha crispado” a causa de la decisión que tomó una mayoría legislativa “inspirada en un fanatismo religioso” de enterrar la posibilidad de emitir una ley que pusiera en concordancia el derecho interno de Costa Rica con el derecho de la Convención americana sobre Derechos Humanos, particularmente en lo que se refiere al derecho del hombre y la mujer a fundar una familia, así como el derecho –reconocido en el Protocolo de San Salvador al Pacto de San José de disfrutar de los avances de la ciencia y la tecnología.

En la reunión también participaron Danilo González, funcionario de la Misión de Costa Rica ante  la OEA,  Carlos Vargas Pizarro, Director Jurídico de la Cancillería así como las familias Henchoz, Yamuni, Castillo y Carro, por parte de los peticionarios.
 
El caso N° 12.36 (“Fecundación in Vitro”) fue presentado en el año 2001 y la CIDH  remitió al Estado de Costa Rica el “Informe N.85/10”, con fecha del 23 de agosto de 2010, en el que solicitó que se elimine la prohibición de la Fecundación in Vitro.