salpingectomía para la esterilización femenina, cuando las mujeres no tenían la firma autorizante de su compañero; o  en el abuso sexual y violación, donde se usa el cuerpo femenino sin su consentimiento, como una forma para ejercer poder por parte del abusador; o bien la violación masiva contra las mujeres como una forma de estrategia de guerra que utilizó la antigua Yugoslavia y que es investigada actualmente en Libia.

Por ser un asunto de derechos en el que esta involucradas las recomendaciones del CIDH,  el  Estado costarricense está llamado a ser el garante de éstos, posibilitando que el derecho a la salud y a la seguridad social sean  para todas las personas, razón por lo que incurre en una contradicción si en lugar de garantizar derechos, los violenta con prohibiciones.    Tanto el derecho  a la salud, a la familia, como a la igualdad, señalados por la CIDH como constreñidos en el caso de la FIV en Costa Rica,  tienen la condición de ser Derechos Humanos y están caracterizados por la progresividad, lo que obliga a su avance constante la tutela y prohíbe cualquier retroceso.  

El Poder Ejecutivo, no puede ignorar los acuerdos  internacionales, multilaterales o universales que comprometen al  Estado y que le vinculan en su accionar, por lo que tiene grandes deudas con el tema por haber restringido su acción al envío  al Poder Legislativo del proyecto de ley de FIV, desaprovechando sus competencias  en el manejo de la agenda parlamentaria y su liderazgo durante el periodo extraordinario en el que se discutió este proyecto en la Asamblea Legislativa.

Al Poder Legislativo le corresponde hacer las leyes.  En este caso, levantar la prohibición de la Fertilización in Vitro se debe hacer mediante ley.  Este  poder de legislar de las y los diputados deriva del mandato del  pueblo, por lo que  su actuar en la materia de la FIV no puede estar desvinculada de  las opiniones y necesidades de las víctimas actuales o potenciales; de quienes hoy o mañana, por no poder embarazarse naturalmente deben recurrir a la ciencia para lograrlo;  deben legislar de acuerdo al bien común y  a la ética pública y jamás supeditadas a la moral individual, temerosa de todos los mitos que rodean la salud sexual y reproductiva, y la libertad de las personas para tomar decisiones.

El ejercicio de la potestad de legislar y de enmienda de los proyectos de ley deben ser el resultado del conocimiento; de la atenta escucha a quienes piensan igual, pero más atenta a quienes piensan diferente, máxime cuando se trata de  las voces de las víctimas directas, que dan cuenta del significado en sus vidas de no tener hijos e hijas por la restricción e injerencia abusiva por parte del Estado en su vida familiar, que les ha impedido dicha técnica.  Deben también recurrir al conocimiento del avance científico y de los Derechos Humanos como lumbrera para aclarar las dicotomías y falacias sobre la vida, presentes en la discusión, para que las mujeres y parejas infértiles puedan tener sus propios hijos e hijas, gracias al proceso de implantación  de los embriones cuyos resultados son semejantes al proceso de implantación natural, en el que los estudios científicos señalan que “de cada 100 embriones de  procesos naturales, únicamente nacen potencialmente 11 niños o niñas”.

La FIV es entonces un asunto de todas las personas, y  particularmente de  quienes trabajamos en Derechos Humanos, que entendemos que nuestros derechos adquiridos en los consensos internacionales se concretan por parte de los  Estados –a través del ejercicio de las competencias y responsabilidades de los diversos poderes-, como garantía de la  universalización de los Derechos Humanos a los que aspiramos.