institución no pude darle su respaldo porque se violenta su principio de autonomía, los principios de igualdad y no discriminación y los de seguridad jurídica.

“La potestad de administrar todo lo referente a los seguros sociales, le corresponde a la CCSS, pero el Convenio le impone obligaciones que podrían traer consecuencias sumamente perjudiciales para el Régimen del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, sostuvo la funcionaria.

Agregó que “el Convenio no menciona expresamente que los extranjeros deban tener una situación migratoria legal en los Estados parte para que el mismo les sea aplicable.  Si a éstos se les trata igual que a los ciudadanos y a los extranjeros que efectivamente tienen una situación migratoria legal, se están irrespetando los principios de igualdad y no discriminación”.

El convenio pretende convertirse en un instrumento  que garantice los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, protegidos bajo los esquemas de seguridad social de los diferentes Estados iberoamericanos, a fin de que puedan disfrutar de los beneficios generados con su trabajo en los países receptores.

Este instrumento internacional busca “extender las prestaciones por vejez, invalidez, supervivencia y otras prestaciones económicas que pudieran derivarse de situaciones similares, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, a todos los extranjeros”.

La posición que mantienen las autoridades de la seguridad social es que “existirán serias dificultades para contabilizar los períodos de seguro, cotización o de empleo de una persona en otro Estado Parte, debido a que los sistemas de seguridad social de los países iberoamericanos son muy distintos entre sí”.

Consideran que “el grado de veracidad que se requiere en la documentación necesaria para el otorgamiento de pensiones se vería muy afectado, pues existe desconfianza en la fidelidad que presentan los registros de algunos países en cuanto a nacimientos, matrimonios, defunciones, títulos de propiedad inmueble y mueble, bases de datos de los sistemas de seguridad social, etc.”.

“Esto podría ocasionar serios problemas a la hora de comprobar la verdadera identidad de los solicitantes de pensión, lo que a su vez, eventualmente conllevaría a conflictos de identidad entre varias personas y a la emisión de pagos improcedentes”, sostuvo Garro Herrera.

Dicho grado de veracidad se vería aún más comprometido, si se considera que el artículo 21 del Convenio establece que los documentos que se requieran para los fines del mismo, no necesitarán traducción oficial, visado o legalización de autoridades diplomáticas, consulares y de registro público.

Dudas y más

El legislador del Partido Movimiento Libertario Carlos Góngora Fuentes realizó una serie de cuestionamientos a los visitantes ante las contradicciones que se presentan en este proyecto de ley.

Góngora se mostró muy interesado en saber por qué un convenio que fue suscrito por el ex Presidente de la República Oscar Arias Sánchez y por un representante de la propia CCSS, ahora la institución viene a desdecirse y a solicitar que no se apruebe.

Marielos Alfaro Murillo, miembro de la misma agrupación fue aun más directa y afirmó que desde el año pasado se está dando una importante discusión sobre la sostenibilidad o no del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y eso no se tiene claro por lo que “cualquier elemento que distorsione el tema de sostenibilidad o que le metan otro elemento que afecte, es inaceptable…”

Buscando aclaraciones

Como parte de todas las dudas surgidas, los miembros de la comisión acordaron ampliarle el plazo para dictaminar a la subcomisión que lo está trabajando, la cual tenía que rendir informe el día de mañana. Ahora los diputados que integran la subcomisión —Oscar Alfaro Zamora, María Eugenia Venegas Renauld y Carlos Góngora Fuentes— dispondrán hasta el 1 de agosto para la entrega del documento.

Bajo esta misma premisa se aprobó una moción para consultar a la Junta Directiva de la CCSS dos aspectos concretos.

El primero de ellos se relaciona con “las razones políticas del cambio de opinión sobre el convenio suscrito por el ahora ex Presidente Oscar Arias Sánchez en la Cumbre XVII de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

Además se pide a las autoridades de la seguridad social “adjuntar un informe técnico actuarial del eventual impacto de este convenio”.

Dado que a la orden del día se integró un nuevo expediente (18 100) Aprobación del acuerdo entre Costa Rica y el Reino de los Países Bajos para el intercambio de información en materia tributaria y su protocolo; se aprobó una moción para consultarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y la Corte Suprema de Justicia.