que impulsa el presidente venezolano Hugo Chávez, mientras el segundo mantuvo la política económica de corte neoliberal de sus antecesores de Arena, con el agregado de programas sociales importantes, como el reparto de libros y uniformes a estudiantes de secundaria.

Un sondeo publicado en junio por el Instituto Universitario de Opinión Pública indicó que más de 50 por ciento de los encuestados cree que el gobierno de Funes sólo hace más de lo mismo, sin imprimir cambios fundamentales a su gobierno.

El acercamiento con grupos y consorcios empresariales y, a la par, el alejamiento de las organizaciones sociales que lo apoyaron en la campaña le costó a Funes fuertes críticas desde la izquierda y aplausos de la derecha, que sigue viendo a Chávez como un enemigo cercano en la región.

Un ejemplo de ello fue la negativa a aprobar un decreto, que impulsaba el FMLN, de anulación de los 9,42 dólares que cada abonado debía pagar por la telefonía fija, por entender que eso ahuyentaría la inversión extranjera. Por ello hizo modificaciones al decreto.

Ese cargo en telefonía fija representaba para las compañías telefónicas alrededor de 120 millones de dólares. Entre las más beneficiadas estaba CTE Telecom, consorcio propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, quien visitó el país durante la campaña electoral para hablar de inversiones y, de paso, dar un fuerte respaldo a Funes.

"Ese conflicto en el que él apoyó a las firmas telefónicas fue uno de los primeros signos que mostraban por dónde iba ir la cosa", aseguró Serrano.

Pero el caso último y contundente que mostró las diferencias con el FMLN fue el veto presidencial impuesto el 18 de este mes a la Ley para el Control del Tabaco, aprobada por mayoría en el parlamento el 23 de junio, que regulaba el fumar en lugares públicos, entre otras limitaciones. Una ley vistas con buenos ojos por organizaciones de la sociedad civil y fuertemente cuestionada por firmas transnacionales como la British American Tobacco.

Funes justificó su acción al indicar que la ley era inconveniente, porque era demasiado prohibitiva y atentaba contra las libertades individuales, además de que afectaba al sector tabacalero.

"Existen formas más adecuadas de enfrentar las consecuencias negativas derivadas del consumo del tabaco sin necesidad de establecer una prohibición de tal magnitud como la que se presenta en el decreto", arguyó el presidente en el documento que envió a los legisladores.

Agregó que "la libertad individual se ve disminuida (…), también se ve perjudicada la libertad económica de los agentes que participan en el mercado".

Los diputados lograron levantar el veto el jueves 21 de este mes, gracias a los votos del FMLN y de los de Arena, rivales políticos y enemigos militares en los años de guerra, que hoy, no obstante, lograron formar un frente común alrededor en esta materia sobre el tabaco. También se sumaron otras fuerzas menores para alcanzar la mayoría especial que se requiere para estas circunstancias.

"Para el presidente, privan más los intereses de las transnacionales que los de la mayoría", declaró a IPS Margarita Posada, directora de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños.

El tabaco, señaló en un comunicado la Organización Panamericana de la Salud (OPS), está directamente vinculado a hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, infarto cardíaco y cerebral, que representan las principales causas de muerte y discapacidad prevenible en El Salvador.

La OPS se mostró preocupada por el incremento en la epidemia del tabaquismo en este país, al precisar que en un estudio de 2009 se verificó que 27 por ciento de los adolescentes de 13 a 15 años han fumado alguna vez en su vida y que casi la mitad de ellos consumieron su primer cigarrillo antes de los 10 años.

Posada, empero, reconoció que el gobierno intenta mejoras sociales, por ejemplo, impulsando una ambiciosa reforma de salud, que ya se inició, por la cual se llevarán médicos y enfermeras a los pueblos y caseríos más remotos del país.

El gobierno de Funes invirtió 460 millones de dólares en proyectos sociales, y este año la cifra subirá a 800 millones.

A pesar de ello, Funes aceptó que, en efecto, no ha podido cumplir con las aspiraciones de los votantes que lo llevaron al poder. "Estoy consciente de que la gente se va a decepcionar. Nunca pensé utópicamente, sabía que me iba a distanciar de las aspiraciones históricas de la población", reconoció en declaraciones realizadas este mes al diario mexicano La Jornada.

"Entiendo que los sindicatos estén frustrados, entiendo la frustración de los maestros con los que pacté una mejora en su condición salarial y hoy no vamos a cumplir eso en los términos en los que acordamos. Es que no tengo más recursos para mejorar los hospitales, para mejorar el nivel de vida de muchos", justificó.

Aunque más adelante afirmó que "pese a todo, El Salvador ha cambiado", sin especificar en que áreas.

También dejó claro que los enfrentamientos constantes con el FMLN restaron fuerza a su mandado.

"No hice algo que debí haber hecho desde el principio. Tuve que haber construido un pacto social desde el primer día. No lo hice porque tuve que enfrentar al FMLN, que pensó que había ganado la presidencia y que se podía vaciar en el gobierno", dijo el mandatario.

"Requiere una gran dosis de sinceridad, reconocer que algunas de las viejas utopías no son posibles en El Salvador, dadas las circunstancias en que recibimos el país", finalizó.

(FIN/2011)