“Esta será una forma de preservar la cultura, las costumbres y las tradiciones de las comunidades que habitan en nuestras costas e islas y al mejoramiento de su calidad de vida, en plena armonía con la protección del ambiente y los ecosistemas naturales”, dijo Quirós.

De acuerdo con las visitantes existen en la actualidad un total de 48 comunidades costeras plenamente identificadas, además de seis que están instaladas en áreas protegidas, que requieren urgentemente la aprobación de esta ley.

“TECOCOS es la solución a la descomposición social y el freno a la escalada de violencia y miseria que se ha generado con los desalojos y demoliciones que se están llevando a cabo en las comunidades costeras”, afirmó Quirós.

De acuerdo con el proyecto de ley se crearía una categoría especial que permitirá evitar la extinción de las comunidades isleñas y costeras y vendrá a mejorar la calidad de vida de los residentes y a coadyuvar con la protección de la biodiversidad.

Dichas áreas serían declaradas de interés público lo que protegerá a los lugareños dedicados a la pesca artesanal y actividades afines, además permitirá la extracción sostenible de recursos marino costeros, el turismo rural, así como otras actividades productivas compatibles con la conservación de la biodiversidad.

Podrían ser beneficiarios de concesiones quienes hayan vivido en forma permanente y estable en estas comunidades por un período de al menos 10 años anteriores a la creación de la ley, así como asociaciones y gremios sociales sin fines de lucro y las instituciones estatales y religiosas que desarrollen actividades en beneficio de la comunidad. Dichas concesiones tendrán un plazo de 70 años y sólo pueden ser heredables, no negociables.

La administración de TECOCOS estaría en manos de las municipalidades locales, mientras que las áreas protegidas seguirán bajo la tutela del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, MINAET, con la activa participación comunal.

Las representantes de los territorios costeros especificaron que en el artículo 25 de la iniciativa se prohíbe el otorgamiento de concesiones y permisos para la construcción de megaproyectos turísticos, inmobiliarios o industriales.

Dejaron claro que no están de acuerdo con la propuesta de planes reguladores costeros que realizó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) por cuanto establecen condiciones imposibles para muchos de los residentes, como es el hecho de contar con terrenos de 500 metros cuadramos como mínimo, obliga a los humildes residentes a pagar un canon de millones de colones y lo más importante excluye el modelo de comunidad.