Desde que Barack Obama asumió la presidencia, alrededor de un millón de personas indocumentadas han sido deportadas del país, a pesar de la alentadora promesa preelectoral del presidente norteamericano de otorgar estatus legal a más de 11 millones.
Los legisladores y organizaciones defensores de los derechos de los inmigrantes exigen que el mandatario norteamericano cumpla con lo prometido y cese las deportaciones. Algunas agrupaciones de activistas le dan un plazo hasta mediados de agosto, y si no se sostiene al plan principal, pueden iniciar una campaña en contra de su reelección.
Además durante las recientes protestas contra la deportación arrestaron a varias personas, entre ellas un congresista demócrata que aseguraba que a pesar de que los republicanos bloquean las reformas, Obama esta en su pleno derecho a parar la "injusticia".
Según comenta el presidente del grupo activista en pro de la inmigración Vamos Unidos USA, Juan José Gutiérrez, la razón por la que se permiten los arrestos y las deportaciones de numerosas personas de origen hispano en el país se debe al miedo que tiene el presidente de perder el voto de los conservadores antiinmigrantes.
“Desde nuestro punto de vista eso es una inaceptable contradicción, dado que comunidad votó por él en números abrumadores. Cerca del 80% le dimos nuestro voto al presidente”, destacó.
“Tenía una gran mayoría en ambas cámaras del Congreso y podía haber avanzado una reforma migratoria y él decidió no hacer eso. Él tiene facultades ejecutivas que le permitirían detener las deportaciones de personas que no son un peligro para el país. (…) Yo pienso que el presidente está jugando con fuego y se puede quemar porque se pudiera crear una corriente de opinión adversa a su reelección dentro de nuestra comunidad hispana. Es una política muy peligrosa, que él está jugando, que le puede costar la presidencia”, añadió el analista en declaraciones a RT.
Mientras tanto, recientemente el presidente de Estados Unidos, destacó que los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados en el año fiscal 2010 ocurrieron en la frontera y, en respuesta a las quejas de algunos legisladores, dijo que continuará la deportación de quienes amenacen la seguridad pública.
Gerardo Barboza, M.Ed.
(1019 leidos)
