Cordero agregó que prueba de esas serias amenazas es que casi colindantes se encuentran dos terrenos propiedad del IMAS y del INVU y sin embargo no pueden construir en ellos por los mismos problemas.

Pero Juárez desmintió lo dicho por el representante de los vecinos y agregó que incluso la capacidad del uso de suelos es uno de los permisos que debe otorgar la municipalidad y que la SETENA requiere para tramitar la viabilidad ambiental y en este caso los ediles no pusieron impedimentos.

De acuerdo con el representante de SETENA, este proyecto cuenta con un total de 9 etapas por lo que están solicitando a los desarrolladores un cuadro de Plan de Gestión Ambiental para determinar cuál es el impacto que causan las diferentes actividades en cada una de las etapas y cuáles son las medidas para mitigarlos.

Sólo 100 casas

Por su parte Guido Marín Quiros, Jefe del Departamento de Proveeduría de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) cuestionó el hecho de que se le llamara a declarar, ya que su participación en este caso fue mínima.

“Se me convocó para explicar el procedimiento de contratación de las únicas 100 viviendas en La Campiña, que se están construyendo con fondos de la CNE”, explicó Marín Quiros.

Agregó que todo lo que tiene que ver con la ejecución de las obras o los supuestos problemas con los permisos es la Contraloría de Unidades Ejecutoras, la que debe responder.

Otras comisiones

Esta noche también mantuvieron sendas sesiones extraordinarias las comisiones Permanente de Asuntos Económicos y Especial de Nombramientos, pero ambas fueron sumamente rápidas.

En el caso de Económicos, los diputados procedieron a dejar en firme el acta de la última sesión, mientras que en el caso de Nombramientos, los dos expedientes que se encuentran en su orden del día, están pospuestos.