Se viola  el principio de que cada quien asuma la responsabilidad por sus deudas en forma separada y crean la responsabilidad solidaria de los representantes legales de las sociedades, cuando la empresa no realiza el pago del impuesto creado en éste proyecto. En otras palabras, los administradores no propietarios, tendrán ahora que pagar deudas ajenas, sea, ellos pagarán las deudas de sus patronos, de los accionistas, deudas que son de terceros!

Como si esto fuera poco, insisten en cometer el mismo error que hicieron con la Ley de la CCSS en que ordenan al Registro no inscribir ningún documento de empresas deudoras del impuesto. Siguen sin pensar que habrá situaciones donde el Presidente falleció y por consiguiente dejan a la sociedad sin poder nombrar un sustituto que maneje la empresa, que apele los juicios, que ejerza el derecho de defensa de la sociedad. En resumen, aprovechémonos de los indefensos, violemos con ésta pretendida ley, el derecho de defensa de las empresas y obliguemos a que primero paguen y después discutan judicialmente. ¿Dónde quedó mi derecho a acudir a los tribunales en defensa de mis derechos si no me permiten nombrar representante legal?

Finalmente, el Transitorio IV del citado proyecto establece que los representantes legales podrán renunciar a su cargo con solo notificar a la empresa en su domicilio, levantando un acta e inscribiéndola en el Registro. Parece que ni en el Gobierno Central, ni en el Ministerio de Hacienda ni en la Asamblea Legislativa, existe un solo abogado. De lo contrario, al menos uno de ellos se habría dado cuenta de que dejar acéfala la empresa, genera un problema de notificación de cobro. Ya no podrán notificar el cobro del impuesto pretendido, pero tampoco las deudas generadas por renta, por impuestos territoriales, por procesos ejecutivos u ordinarios etc, están permitiendo que el deudor quede impune y no pueda ser llevado a los tribunales.

Este proyecto viciado de nulidad, nos demuestra la desesperación del Gobierno por buscar fondos a toda costa aún violando la ley, los principios fundamentales del derecho y el acceso a la justicia.

Solo nos faltaría ver al Ministro Herrero vestido de Obispo representante de la Santa Inquisición, para ir puerta por puerta cobrando dineros para dejar proteger así, los bienes de los pagadores!

Recordemos que el Derecho, es la base de la libertad. El respeto al mismo es el sustento de la sociedad. No hay en ésta tierra, derecho alguno que nos permita violar la ley y hablar de democracia. Viendo éste proyecto recuerdo un discurso del Presidente Arias con motivo a la celebración de los 130 años del Colegio de Abogados en que dijo que Costa Rica cada vez se parece más a Venezuela, Cuba y le agrego yo, a Nicaragua.