Los Comedores Solidarios sirven a los trabajadores de la calle desayunos y almuerzos a un costo equivalente a 13 y 40 centavos de dólar cada uno, mientras que Todos Juntos Ya promueve la integración de orquestas y bandas juveniles.

Las Escuelas Abiertas consisten en mantener en actividad a los centros de enseñanza los fines de semana para que los alumnos puedan aprender artes, como el baile y la pintura, en tanto que Becas Solidarias otorga subvenciones y pasantías a estudiantes.

Muy distinta al resto es Todos Juntos por el Lago, una iniciativa para limpiar el lago de Atitlán, en el noroccidental departamento de Sololá.

Peor sin duda, el más importante de todos es Mi Familia Progresa, que absorbe casi la mitad del presupuesto del Programa de Cohesión Social.

Esta iniciativa, ya utilizada con matices variados en otros países de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, consiste en un aporte entregado a las familias, equivalente a 39 dólares mensuales, a cambio de enviar a los niños a la escuela y a control médico.

Los resultados de esta transferencia, en particular, han comenzado a dar frutos, según estudios recientes.

"Los niños menores de dos años en hogares beneficiarios presentaron tasas mayores de vacunación, de hasta 15 por ciento más, respecto de los no beneficiarios", concluyó un estudio realizado entre 2009 y 2010 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Nacional de Salud Pública de México.

Los niños y niñas que son reciben este beneficio, además, "se enfermaron entre nueve y 12 por ciento menos" que los no atendidos, agrega el informe coordinado por Juan Pablo Gutiérrez, del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del instituto mexicano.

"El Programa está teniendo un efecto positivo en las condiciones de vida de las familias beneficiarias, y, en esa lógica, es un esfuerzo importante de mantener", dijo el experto.

En educación, la evaluación identificó hasta cinco por ciento de mayor inscripción en la escuela en los niños y niñas de entre siete y 15 años de hogares atendidos.

Otra investigación presentada el jueves 25 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), denominado Ejercicio de apreciación sustantiva Mi Familia Progresa, también otorgó un voto favorable a esta iniciativa.

"Se perfila como una gran oportunidad para generar cambios significativos en oportunidades futuras para las familias más pobres de Guatemala. Evidencia preliminar muestra efectos positivos en ganancias de bienestar y con cobertura creciente", concluyó el estudio.

Miguel Székely, director del Instituto de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y encargado del estudio, dijo que es necesario dotar de sustento legal y jurídico al programa, ajustar el aporte mensual según la inflación e instalar mecanismos de transparencia y evaluación para perfeccionarlo.

Guatemala es uno de los países más pobres de América Latina al sufrir esa situación la mitad de sus 14 millones de habitantes y en la indigencia 17 por ciento, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pero los programas sociales también reciben críticas. "Deben convertirse en una política de Estado para que no desaparezcan y no sean manipulados", cuestionó Higinio Pu Cach, de la organización indígena Wajxaquib’ noj’, que en idioma maya quiché significa sabiduría.

Este activista, consultados por IPS, señaló que le preocupa que los programas sociales, principalmente Mi Familia Progresa y Bolsas Solidarias, se puedan prestar a intereses políticos de modo que, afirmó, "a veces se entrega solo a quienes pertenecen al partido oficial".

Nineth Montenegro, diputada por el izquierdista Encuentro por Guatemala y quizás la más crítica de los programas sociales, dijo a IPS que son utilizados de manera desordenada e instrumentalizados políticamente.

Como ejemplo, citó que para funcionar el Programa de Cohesión Social había restado hasta 2010 alrededor de 250 millones de dólares al Ministerio de Educación, Salud y Gobernación, este último encargado de la seguridad. "Entonces de qué estamos hablando", se quejó.

Montenegro aseguró que tampoco faltó la manipulación política. "Se les da a personas pobres, pero se les condiciona que vayan a hacer campaña y se los extorsiona a que voten por un partido", sostuvo.

"Es un atropello que se puede decir que es una nueva forma de esclavitud, porque un partido utiliza al Estado con intereses personales", señaló.

Según esta diputada, los programas sociales sirvieron a Sandra Torres, la ex esposa de Colom y ex coordinadora del Programa de Cohesión Social, como trampolín para su candidatura presidencial, que finalmente fue objetada por la justicia por razones constitucionales.

Con todo, la legisladora izquierdista abogó porque continúen los programas sociales, pero más ordenados, con mecanismos que garanticen la transparencia, estructuras programáticas y que estén agrupados en una sola institución.

Si los candidatos presidenciales cumplen con sus promesas, tal parece que el Programa de Cohesión Social será adoptado por el gobierno que surja de las elecciones generales del 11 de septiembre.

(FIN/2011)