Requerimos un Estado de Derecho para una convivencia social, sino, nos comportaríamos de manera irracional. Si con un Estado de Derecho hay tantos crímenes, tantas afectaciones y burlas a las personas como grupo social o individualmente, sin un orden legal e institucional, los abusos se van a los extremos, se cae en la ley de la selva, el caos, el reino del autoritarismo y el absolutismo, donde la primera y la última palabra la tiene la autoridad, lo cual no debe ser así, puesto que quien ejerce la autoridad es solo por delegación del pueblo, y tiene límites my precisos, los cuales son establecidos por el Estado de Derecho, precisamente.

Es tan importante el respeto a las normas y valores llevados a la categoría de ley, que aunque la autoridad promueva beneficios sociales e incluso pueda establecer una cierta "justicia social", ésta es parcial, muy  incompleta, y no se podrá realizar jamás sin justicia y libertad, porque son como dos caras de una misma moneda. La libertad es el máximo valor del ser humano, por eso es que una cárcel de barrotes de oro no tiene ningún atractivo para la persona. Contra la ausencia de libertad, se estrella todo lo demás. Y no puede haber libertad sin justicia. La promoción de programas sociales, sean clientelistas o no, no exime a las autoridades de actuar al margen de la ley. No pueden pretender justificar sus acciones fuera y en contra de la ley, con el desarrollo de algunos programas sociales. Sin justicia y sin libertad, una sociedad está aniquilada.

Y quienes por tradición, por vínculos ideológicos, por simpatías de carácter emocional o por comodidad o conveniencia personal, toleran y son acríticos, y en el peor de los casos, hasta justifican el atropello a la legalidad y a la institucionalidad, faltan a la ética, a la solidaridad, a la condición humana, porque se ponen de parte de lo inhumano, de las desviaciones personales que llevan a las más aberrantes ambiciones de poder, por encima de cualquier cosa, atropellando todo lo que se les interponga, y una vez establecido un Estado sin ley, un Estado autoritario o una dictadura, ese absolutismo entronizado utilizará toda la maquinaria para destrozar todo vestigio de lucha por la libertad y cometerá las peores atrocidades, como ha ocurrido a lo largo de la historia, como sucedió con la dictadura somocista.

Los gobiernos autoritarios son profundamente irrespetuosos y así como atropellan la Constitución y las leyes, los derechos constitucionales de los ciudadanos, más temprano que tarde también se pasarán llevando, como un río desbordado, a los mismos que ahora aplauden estas gravísimas desviaciones. Donde no impera el respeto a la ley, todos los ciudadanos, incluso los que se identifican con el gobierno monárquico o absolutista, en cualquier momento pueden ser aplastados, precisamente porque no hay controles, no hay contra poderes que le impongan límites a la autoridad.

Desde la intolerancia y las ansias desmedidas de poder, se desarrollan campañas que tratan de descalificar la importancia de los valores y principios convertidos en normas jurídicas y en instituciones especializadas que vigilan por su cabal cumplimiento, para poder llevar adelante su proyecto totalitario, de partido único, de central única de trabajadores, de elecciones sólo para algunos, de derechos solo para los que piensan de una misma manera o que no piensan.

Por eso algunos ideólogos, incluso habiendo sido verdaderos héroes en la lucha contra la dictadura somocista, se han vuelto apologistas del autoritarismo y satanizan el orden y las normas y hasta llaman "Estado de Derecha" al Estado de Derecho, como si los derechos a la libre organización, movilización y la libertad de expresión, deberían ser exclusivos solo para los que levantan la bandera de determinado color y no para toda la sociedad; como si la Declaración Universal de los Derechos Humanos no fuera válida o solo debe aplicarse a los de determinado color partidario.

Hasta se da el caso de periodistas que en los tres últimos quinquenios, al menos, han tenido clara su película sobre Nicaragua, pero de pronto, con la toma del poder de parte de su partido de preferencia, se les ha nublado la pantalla; y su capacidad de no tolerar las injusticias, ha disminuido sensiblemente, hasta el punto de aceptar como buenas y saludables las violaciones a la legalidad y todo tipo de abusos y atropellos. Se han convertido en colegas acríticos y acomodados, censurados o autocensurados, que ya  “no ven”, “no oyen”  y “no miran” las injusticias y los ataques a la libertad.

Los periodistas de Nicaragua estamos obligados a luchar para que realmente prevalezca el imperio de la ley y que las instituciones funcionen con independencia entre sí y cumplan las tareas para las que fueron creadas; y debemos expresar nuestra preocupación ante las violaciones a la legalidad que suceden incluso con la Carta Magna, la ley de leyes, la esencia del corpus jurídico nacional, la Constitución Política de la República. Justificar las reiteradas manifestaciones de ilegalidad y extremismo, de autoritarismo y absolutismo en base al mal comportamiento generalizado de la clase política, es un error colosal, porque entonces, más temprano que tarde, se repetirá la historia con toda su secuela de profundo dolor y llanto para toda la sociedad.