apetito al ex-ministro del interior del régimen de la Unidad Popular, Salvador Allende, cuando figuraba como un connotado comunista de línea dura.

Dante Caputo, el que ya ha figurado como "observador" en otros procesos electorales está al frente de la delegación de la OEA. Se ha dedicado a revisar los formatos de boletas electorales, conversar con los candidatos de los otros partidos y alianzas políticas, revisar la constitución de los que tendrán a su cargo la atención a los votantes en las Juntas Receptoras de Votos, etc. Tanto ellos, como los empresarios y políticos colaboracionistas, han declarado que desean que el ejercicio del sufragio el día de las elecciones se convierta en una verdadera fiesta cívica, donde no ocurran enfrentamientos entre grupos políticos antagónicos ni se cometan irregularidades durante el proceso electoral.

Pero ahora surge la inevitable pregunta, ¿qué entienden por irregularidades en las distintas etapas del proceso electoral la misión de "observadores" de la OEA? La candidatura ilegal de Ortega Saavedra, ¿no es una irregularidad de mayor cuantía que vicia de nulidad insanable los resultados que den a conocer los corruptos magistrados electorales  del Consejo Supremo Electoral? ¿No es otra irregularidad que los magistrados judiciales sandinistas declaren inconstitucional el Arto. 147 Cn., el que prohibe el ejercicio de la Presidencia de la República  por dos términos consecutivos? ¿No es otra flagrante irregularidad que los corruptos magistrados electorales sean funcionarios de facto, a los que se les venció el término para el que fueron electos por la Asamblea Nacional y se mantengan en sus cargos ilegalmente, por un capricho del secretario general del FSLN? Todo esto es más que suficiente para que la comunidad internacional desconoza los resultados de la farsa electoral programada para el próximo 6 de noviembre y que la misión de "observadores" de la OEA incluya una recomendación análoga en su informe final.

A la suma de irregularidades anteriormente mencionadas, tenemos que los magistrados electorales de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), se negaron siempre a revisar la cartografía electoral, depurar el padrón electoral, constituir debidamente las Juntas Receptoras de Votos, extender a cada ciudadano que haya cumplido la edad reglamentaria su Cédula de Identidad. Además, los representantes del FSLN en cada JRV serán en su mayor parte militares y policías orteguistas en situación de retiro, acostumbrados a amedrentar a los ciudadanos, siendo muchos de ellos matones y sicarios orteguistas.

Sobre esta otra suma de irregularidades, ni los políticos y empresarios colaboracionistas han dicho nada a la misión de "observadores" de la OEA. Estos han podido constatar durante los pocos días que llevan en el país la forma en que los policías  anti-motines agreden impunemente a los ciudadanos que cansados de reclamar su Cédula de Identidad levantan barricadas en las carreteras. Pero lo que es verdaderamente inverosímil es que un matón, como Noel González ("Noelón", haya tomado el mando de los efectivos de policías anti-motines, desplazando a los oficiales orteguistas, apaleando a quienes reclamaban la entrega de su cédula. Esto ha ocurrido pocos días después que llegaran a territorio nacional los primeros 10 miembros de la misión de "observadores" de la OEA. Los periódicos de circulación nacional han dado amplia publicidad a estas agresiones que con toda impunidad cometen los policías anti-motines en perjuicio de la integridad física de quienes no son sandinistas, de manera que Dante Caputo y los otros representantes de la OEA, no pueden alegar ignorancia al respecto. ¿Informarán de estos abusos al secretariado general del organismo hemisférico?

Tanto los orteguistas como algunos políticos y empresarios colaboracionistas han estado haciendo llamados para el recurso de la fuerza el día de las elecciones, lo que justificaría el empleo de los efectivos del Ejército Nacional (Popular Sandinista), supuestamente para restablecer el orden público pero con el deliberado propósito de realizar una masacre de ciudadanos que repudian a Ortega Saavedra & Asociados.

Como noticia de última hora, los medios nacionales de comunicación social han dado a conocer que el Coronel Orteguista en situación de retiro, Victor Boitano Coleman, fue expulsado de las filas del partido político, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), por tener planificado el secuestro de Camila Ortega Murillo, hija del secretario general del FSLN y de su esposa, Rosario Murillo. Enrique Quinónez Tuckler y Diana Urbina, respectivamente, los que corren como candidatos a presidente y vice-presidente de la República por la ALN, han dado declaraciones al respecto, enfatizando que Boitano Coleman tiene planes de desestabilizar políticamente el actual proceso electoral, para justificar todos los excesos y abusos que pondría en práctica el orteguismo para rescatar a la hija del Presidente de la República. La resultante de todos esos juegos entre orteguistas sería el megafraude electoral en beneficio de Ortega Saavedra.

Si se hubiera llevado a cabo el secuestro de la hija de la pareja presidencial, las medidas represivas que implementarían los orteguistas disuadirían a la mayor parte de los miembros del cuerpo electoral de la nación para ejercer el derecho al sufragio en la farsa electoral del próximo 6 de noviembre, por temor a ser apaleados por los paramilitares orteguistas de las empresas del Grupo ALBA-VIGILANCIA, ser detenidos injustamente o perder la vida a manos de francotiradores que ya están preparados para sembrar el terror en las calles y centros de votaciones el día de las elecciones.

La ilegal reelección de Ortega Saavedra facilitará el accionar de los cárteles de la droga que ya operan en Nicaragua, estrechamente asociados con los miembros de los entornos político, empresarial y familiar del secretario general del FSLN. Además, la inclusión de nuestro país en el bloque castro-chavista, promotores del terrorismo internacional, hará posible el accionar mancomunado de cárteles de la droga y organizaciones terroristas.

Un nuevo gobierno de Ortega Saavedra, debe ser desconocido y puesto en situación de cuarentena internacional por la comunidad donante, los organismos multilaterales de crédito y aplicarle un fuerte embargo para la adquisición de maquinaria e insumos industriales.

¿Avalarán la farsa electoral prevista para el próximo 6 de noviembre los pupilos del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presentando un informe final favorable sobre sus resultados, es decir, la ilegal reelección de Ortega Saavedra?