“Mi esposa no pudo aceptarlo y se suicidó al saber lo que había sucedido. No soy pederasta, no soy violador: estaba ebrio y cometí un error que me costó el resto de mi vida”, confiesa Norton.

El debate sobre el tratamiento de los pederastas en EE. UU. es una realidad que no se puede soslayar. Tanto víctimas como legisladores buscan las condenas más duras para estos criminales. Hace algunos años, con el fin de proteger a los menores de edad, las autoridades del condado de Miami-Dade aprobaron una ordenanza que dictaminaba que cualquier persona con un expediente criminal de pederasta estaría obligada a vivir a una distancia de no menos de 762 metros de cualquier establecimiento en donde hubiera menores de edad.

“Existe la idea de que si mantenemos a las personas con delitos de ofensas sexuales lejos de nuestras escuelas y centros infantiles, nuestra comunidad estará más segura”, dice Maria Kayanan, representante de la Unión de Libertades Civiles.

Y es que dada la concentración de parques, escuelas y otras áreas en las que proliferan los niños dentro del área metropolitana de Miami, la consecuencia efectiva para estos delincuentes es el confinamiento de estas personas a tres lugares: los pantanos en Evergaldes, el aeropuerto y las zonas debajo del puente de Julia Tuttle Causeway, conocido como el Puente de los marginados.

De acuerdo a las autoridades del condado de Miami-Dade, una media de 10 personas sale mensualmente de las cárceles locales después de cumplir condenas por abuso sexual de menores. Una buena parte de estos individuos termina aquí, bajo el tráfico de la ciudad y lejos de una sociedad cuyas normas violaron.