con una exhaustiva investigación sobre las circunstancias alrededor de los asesinatos y muertes", dijo Guadalupe Marengo, directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas.

Marengo señaló que tal investigación debe ser efectuada por un organismo "competente e imparcial" a fin de remitir cuanto antes a los responsables ante la justicia.

Observó que los enfrentamientos ocurridos tras las elecciones "son solamente otro indicador de la preocupante situación de los derechos humanos en Nicaragua".

Las protestas surgieron el martes pasado, después que la alianza Partido Liberal Independiente (PLI) denunció un "fraude" electoral y rechazó el resultado oficial de los comicios, según el cual Ortega aseguró su reelección con más del 62 por ciento de los votos.

Uno de los enfrentamientos ocurrió en el municipio minero de Siuna, donde simpatizantes del PLI bloquearon una carretera y atacaron a balazos a policías que intentaban desalojarlos, con un saldo de siete agentes heridos.

El fiscal electoral, Armando Juárez, informó hoy que la Fiscalía de Nicaragua acusó a 24 personas por violentos sucesos ocurridos esta semana en el poblado minero de Siuna (noreste), donde siete policías resultaron heridos por civiles.

Durante una visita a los agentes que convalecen en un hospital capitalino, Juárez dijo que los acusados serán procesados por los delitos de homicidio frustrado, obstrucción (de la función policial) y lesiones gravísimas.

Indicó que también acusará a los responsables del asesinato de un dirigente del gobernante partido sandinista, también en Siuna, y que ordenó la captura de cinco oficiales de la Policía y de un directivo sandinista en San José de Cusmapa, en la norteña provincia de Madriz, por "estar involucrados" en la muerte a balazos de un campesino y de dos de sus hijos.

Familiares de los fallecidos, al parecer vinculados al PLI, aseguran que las víctimas fueron asesinadas a tiros por policías que irrumpieron en la comunidad El Carrizo, en Cusmapa, acompañados por activistas sandinistas de la zona.

Por otro lado, un organismo no gubernamental responsabilizó este viernes de la violencia a los directivos electorales de Nicaragua, señalando que la entidad actuó de forma parcial y no garantizó "un proceso justo ni transparente".

"La violencia electoral nació de la actuación poco profesional del Consejo Supremo Electoral (...), al no garantizar unas elecciones justas y libres de toda partidización", afirmó Claudia Pineda, directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).