llegue a un acuerdo donde deba privar la razón y lo técnico, el aspecto humano siga siendo el más perjudicado, sostiene la Defensoría.

La Defensoría considera que las autoridades de la CCSS deben prestar atención, en forma preventiva, a las situaciones que afectan a los y las trabajadores, para impedir que ante la inexistencia de acciones o la lentitud en la aplicación de medidas correctivas, se lleven a extremos como lo es la suspensión de los servicios. Y por otra parte, a los trabajadores, que puedan reflexionar sobre los daños que un movimiento provoca en la salud de las personas usuarias ante el retrazo en la reprogramación y los efectos que ello conlleva.

Reitera esta Defensoría, que nuevamente la solución de un conflicto laboral en la CCSS repercute directamente en la prestación de los servicios de salud producto de demandas laborales no atendidas oportunamente por parte de la Administración de la CCSS, así como la utilización indiscriminada de mecanismos de presión desatendiendo un deber de continuidad en la prestación de un servicio público.