acumulado muchas fijaciones tarifarias que no han podido ser resueltas al carecer de un órgano que pueda tomar la decisión final. El peor escenario es que al disponer de la resolución de la Sala Constitucional sobre este asunto, los usuarios tendrán múltiples ajustes de precios en un periodo muy corto”.

El Regulador General añadió que la ausencia de fijaciones de tarifas afecta la estabilidad financiera de las empresas que urgen actualizar sus costos de operación y se compromete la prestación de los servicios públicos.

La fijación de tarifas en los servicios públicos está paralizada desde el 29 de setiembre, luego de un voto de la Sala Constitucional en el que se advierte que “… lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía…”. Sin embargo agregan: “…salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente.”

Por otro lado, un dictamen de la Procuraduría General de la República estalbeció que ni el Regulador General ni la Junta Directiva pueden fijar tarifas, porque esa función no la tienen en la ley, y confirmó la legalidad del Comité de Regulación.