INAMU, cumpla con las obligaciones asignadas de proveer el acompañamiento, asesoramiento jurídico y la representación legal necesarios para garantizar los derechos de las víctimas con las mismas atribuciones y facultades de la Defensa Pública en cada una de las etapas del procedimiento judicial y debidamente adaptadas al procedimiento de violencia doméstica en protección de las mujeres víctimas de violencia, como así lo señala las recomendaciones del Comité de la CEDAW.

También es necesario que se apruebe una ley especial contra la trata de personas y actividades conexas que contemple las necesidades de las mujeres víctimas de este flagelo y que articule las acciones para prevenir, sancionar y erradicar este delito.

Asimismo se debe mejorar el sistema de recolección de datos y estadísticas desagregadas por sexo, que permita visualizar la interseccionalidad de las discriminaciones y condiciones que sufren las mujeres víctimas de violencia.

Es importante a su vez, garantizar la existencia de albergues para las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, con servicios de calidad y cobertura regional.

Finalmente, el Estado debe asegurar el acceso a la justicia de las mujeres en los procesos de pensión alimentaria, simplificando los requisitos de presentación de la demanda y además, garantizar la aplicación del Estatuto de Refugio a las mujeres que sufren violencia de género.