19 de Diciembre de 2011 | TicoVisión | Redacción - | Nacionales | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Llega año nuevo y los empleados públicos no saben nada de su incremento salarial para el 2012 La ANEP pretende confrontar al Gobierno con ideas para un “plan B” en materia tributaria; y sobre la designación de la APcomo “ente rector en materia de empleo público”
El año nuevo 2012 empezará sin que las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, sepan de cuánto será el monto de su reajuste salarial valedero para los primeros seis meses del año que ya está por comenzar.
El Gobierno, hasta el presente momento, no ha mostrado interés alguno ni ha dado la menor señal de querer hablar del tema; circunstancia ésta que debe darse cuando convoque (lo que no ha hecho todavía), a la discusión respectiva en el seno de lo que se denomina “Comisión de Políticas Salariales para el Sector Público”.
Se estima a partir de los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que la variación porcentual acumulada en el registro mensual de la inflación, durante el semestre que está por concluir, julio-diciembre de 2011, pudiera rondar el 3. %.
La fijación salarial por venir para el caso del sector Público, podría serlo por decreto unilateral impuesto por el Gobierno, el cual argumentará que el asunto del déficit fiscal y la no aprobación de su paquetazo de impuestos, imposibilitan el menor esfuerzo de buscar un acuerdo con los sindicatos y gremios de tal sector en este asunto del incremento salarial que debe regir para el primer semestre del año 2012.
Por el contrario, para la ANEP hablar del tema de los salarios del sector Público y, específicamente, de cuánto será el incremento de las remuneraciones del mismo a partir de enero del 2011, es una excelente oportunidad para entregarle al Gobierno nuestras ideas hacia una especie de “plan B” en materia tributaria, ante la inminencia de que el paquete de impuestos que se tramite actualmente en el parlamento, fracase rotundamente, luego de la acción de inconstitucionalidad ante su tramitación irregular; y, ante la oposición generalizada que ha recabado tal iniciativa de ley, aunque por motivaciones radicalmente distintas, según se trate de los enfoques del sector laboral, por un lado; ó del sector del gran empresariado, por otro.
Además, es imperioso confrontar al Gobierno acerca de las razones que le motivaron a la emisión del Decreto Ejecutivo No. 36857-MP-PLN-H, por medio del cual se designó a la Autoridad Presupuestaria (AP), como en “ente de rectoría política del empleo público”; situación ésta que la ANEP percibe como una estrategia para los despidos en el Estado, la instauración generalizada del concepto de "salario único", y/o para rebajas salariales por diversos mecanismos.
Gerardo Barboza, M.Ed.
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