También es la capacidad y la oportunidad que ellas tienen de contribuir en momentos clave de la toma de decisiones, como la identificación de casos, la construcción de hipótesis y la opinión sobre la elaboración de los cargos. Necesitamos más mejoras en estas áreas para aumentar la capacidad del tribunal de tratar cuestiones de género.

La segunda área contempla la competencia de género e involucra tanto a hombres como a mujeres.

Se refiere en especial a la habilidad de identificar y comprender implicaciones y dimensiones de género en todo el trabajo realizado por la CPI y las diferentes formas en que las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, se ven afectados por la violencia cometida en los conflictos.

Consideramos que se trata de una responsabilidad tanto de hombres como de mujeres. Cuando hablamos de la competencia de género del tribunal nos referimos a su capacidad de hacer justicia contemplando aspectos de género.

IPS: ¿Sería una solución efectiva implementar una política de cuotas y acciones afirmativas?

BI: Una de las ventajas clave del Estatuto de Roma (el tratado de 1998 que creó la CPI) es que explícitamente identifica la necesidad de asesores legales en cuestiones de género y de contratar expertos en casos de violencia sexual, en especial la sufrida por mujeres, niños y niñas.

El propio Estatuto requiere que la pericia en esa materia forme parte del desarrollo de la institución.

Creemos que esa opción puede ayudar en términos de mujeres contratadas, pero también hay un artículo general en el tratado que estipula una representación justa, geográfica, para que los Estados parte estén igualmente representados en el personal de la CPI, pero también para que mujeres y hombres estén presentes por igual.

Hay un requisito estructural para que el tribunal atienda estas cuestiones y, creo, de forma positiva y útil.

No se trata de una construcción falsa y forzada para crear condiciones especiales, sino que el reconocimiento del derecho de hombres y mujeres de ocupar esos cargos y también la necesidad de contar con la indispensable capacidad en materia de violencia sexual contra las mujeres y de ofrecer asistencia legal en cuestiones de género, un requisito del propio Estatuto.

IPS: ¿Hay problemas en términos de la inclusión y el acceso de las mujeres víctimas?

BI: En nuestro estudio vimos que las mujeres constituyen 29 por ciento de los participantes en las actividades de extensión de la CPI, menos de un tercio. Es una proporción muy baja. Y cuando se observan los casos presentados al tribunal, casi todos incluyen delitos de violencia de género.

Hay un desajuste entre las víctimas, los cargos en los casos procesados por la CPI y las personas que están dentro del alcance del tribunal. También vimos que son cada vez menos las mujeres que solicitan a la institución ser reconocidas como víctimas y que obtuvieron el reconocimiento formal para participar en los casos que esta atiende.

Hay un vínculo directo entre la información, el alcance y el acceso. El tribunal necesita desarrollar más estrategias y reuniones específicas sobre las mujeres y ser más creativo en los foros que ofrece para llegar a las que tienen menos acceso a los principales medios y sistemas de comunicación formal en las aldeas y comunidades locales.

Parece que las mujeres necesitan estrategias que les permitan acceder a la información en forma directa.

IPS: ¿El problema afecta más a los países menos desarrollados?

BI: Todas las situaciones conflictivas investigadas por el tribunal pueden describirse como de países en desarrollo. La CPI también trabaja en estados que tuvieron largos periodos de conflictos armados, que por lo general causaron desintegración de las instituciones e infraestructuras públicas.

La seguridad, incluida la policía, no suele funcionar. En muchos casos, el sistema judicial no está operativo o, cuando lo está, padece un importante grado de corrupción.

IPS: ¿Cuán abierta se mostró la CPI a las recomendaciones presentadas por su organización desde 2005? ¿Se han logrado avances?

BI: Hemos visto avances en los siete años que llevamos haciendo el informe. El tribunal existe desde hace casi 10. Por cierto que aprende lecciones, algunas con lentitud, en algunas áreas son absorbidas y en otras parecen destinadas a repetirse una y otra vez.

Es una institución que sigue creciendo, desarrollándose y aprendiendo. Vemos que es cada más receptiva a nuestra contribución sobre investigaciones y procesamiento de delitos sexuales.

La CPI tiene buenos antecedentes sobre fallos en materia de delitos de género, respecto de otros tribunales internacionales. Su desafío ahora es la calidad de los cargos y la eficacia de las estrategias de procesamiento. En este aspecto estuvo lento para aprender algunas lecciones.