con el debido respaldo jurídico, y en aplicación de una decisión soberana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de 1995, que no acepta ni la jurisdicción ni las competencias de la CCJ. Haber aceptado este caso, e intentar imponerse a la fuerza sobre la voluntad soberana de un país, denota un afán de persecución y hostilidad que, además, lesiona las normas del Derecho Internacional y causa un grave daño a la institucionalidad centroamericana.

Segunda. El Presidente sale a ofertar sus servicios:

Es altamente irregular que el Presidente de la CCJ haya ofrecido públicamente a Nicaragua, por medio de la prensa, los servicios de este tribunal para conocer del caso por supuesto daño ambiental, varios días antes de su presentación. Ningún tribunal en el mundo acostumbra mercadear sus servicios ni  inducir a la presentación o fabricación de casos.

Tercera. Morbosa maniobra:

Por otra parte, es notorio el interés por la espectacularidad pública que la CCJ intentó montar, a expensas de Costa Rica, cuando su representante se hizo acompañar por un amplio despliegue de la prensa nicaragüense al supuesto “acto de notificación” del caso por medio de la Embajada costarricense en Managua, una morbosa maniobra  a la que Costa Rica no se prestó.

Cuarta. El presidente adelanta criterio:

Asimismo, Costa Rica señala la gravedad del hecho de que el Presidente de la CCJ haya adelantado criterio al insinuar que podría existir daño ambiental a Nicaragua. Estas declaraciones las dio el presidente de la CCJ aún antes de la anunciada visita al río San Juan para verificar la supuesta realidad de los hechos. También ha expresado parcialidad al adelantar que la CCJ podría imponer medidas cautelares a Costa Rica.

Quinta. Una inconcebible hostilidad hacia Costa Rica:

Por último, todas las declaraciones públicas del presidente de la CCJ justificando sus actuaciones frente a Costa Rica en relación con este asunto—incluyendo el absurdo emplazamiento hecho al Canciller de Costa Rica—son prueba de la hostilidad que mueve al Presidente de la CCJ en contra de Costa Rica y de su parcialidad a favor de Nicaragua.

Costa Rica y su Ministro de Relaciones Exteriores dan por concluido este asunto pues no es de nuestro interés continuar este tipo de debates estériles. La posición de Costa Rica es clara, y reitera que cualquier actuación futura de la CCJ en relación con este tema es nula, es inaplicable y es ineficaz.

En el documento que publicamos a continuación, la Cancillería de Costa Rica brinda información más detallada acerca de estas pruebas que demuestran la verdad  --- como lo quiere el presidente de la Corte--- sobre la politización y parcialización de la Corte Centroamericana de Justicia en contra de Costa Rica.

EVIDENCIA DE LA POLITIZACIÓN Y PARCIALIZACIÓN DE LA
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA EN CONTRA DE COSTA RICA

Prueba primera:  Las propias declaraciones del magistrado Lobo, recogidas en la edición digital del medio nicaragüense El Nuevo Diario del 30 de noviembre de 2011—con anterioridad a la presentación del caso espurio en contra de Costa Rica—donde se lee lo siguiente: “Mientras, el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, Francisco Lobo, dijo ayer que el conflicto suscitado por la decisión del vecino del sur de construir una carretera a orillas del río, puede ser resuelto en esa instancia regional.”  Es inconcebible que un tribunal internacional ande promoviendo la prestación de sus servicios al público o las partes. Lo único que estas declaraciones denotan es el  interés en conocer un caso en contra de Costa Rica aún sabiendo de antemano que Costa Rica no acepta ni la jurisdicción ni la competencia de la CCJ.  No existe antecedente alguno de una Corte de derecho internacional en todo el mundo que le sugiera a un país que presente un caso contra otro ante ella. Esto demuestra que el presidente de la CCJ influyó la decisión para que se creara un caso que antes de sus declaraciones no existía.

Prueba segunda:   El propio expediente que la CCJ abrió en contra de Costa Rica. Ya desde el año 2009 Costa Rica le había expresado a la CCJ, claramente y con el debido sustento legal, que no aceptaba ni su jurisdicción ni sus competencias, en aplicación de una decisión soberana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de 1995. En efecto, el ser parte del Protocolo de Tegucigalpa bajo el Derecho Internacional no equivale a aceptar la jurisdicción y competencias de la CCJ. La CCJ, conocedora de que el único medio por el cual un país puede aceptar su jurisdicción es cuando aprueba y ratifica su Estatuto, lo cual Costa Rica no ha hecho y no hará, debió haberse declarado incompetente para conocer este caso, y haberlo rechazado ad portas, máxime cuando el mismo se da en el marco de una estrategia política de Nicaragua, por todos conocida. El no haberlo hecho denota  un afán de persecución arbitraria, de facto, en contra de Costa Rica.  

Prueba tercera: El Presidente de la CCJ, horas antes de hacer un simulacro de notificación, llamó a conferencia de prensa para anunciar que esa Corte había aceptado el caso contra Costa Rica. Posteriormente, la CCJ montó un circo mediático, cuando un funcionario de ese organismo  se hizo acompañar de la prensa nicaragüense para intentar notificar a Costa Rica por medio de su Embajada en Managua, lo cual sin duda fue un espectáculo triste e indigno, con la clara intención de hacer daño a Costa Rica—infructuosamente porque el país no se prestó a ese juego.

Prueba cuarta: Ya el Presidente de la CCJ habría adelantado su criterio. Así, en una entrevista grabada en vídeo y que se incluye en una nota periodística que aparece en la edición digital del 21 de diciembre de 2011 de El Nuevo Diario, el señor Darío Francisco Lobo dijo lo siguiente: “…el día 12 de enero vamos a ir no a Costa Rica, sino que vamos a ir al área correspondiente al territorio nicaragüense para que tengamos conocimiento directo todos los magistrados, repito conocimiento directo, es lo que queremos cerciorarnos de la dimensión de los daños ecológicos; veremos ahí pues cuál es esa dimensión: si es pequeña, si es mediana, si es grande, si es de consecuencias irreparables o no…” Con estas declaraciones ya daba por cierto que existe daño ambiental a Nicaragua. Adicionalmente, el medio digital nicaragüense “El 19” del 6 de enero de 2012 recoge declaraciones más recientes del señor Francisco Darío Lobo en los siguientes términos: “Darío calificó este juicio como ‘muy urgente’ por el peligro que representa para el ecosistema centroamericano, la carretera costarricense que se realiza sin ningún estudio de impacto ambiental…” O sea, ya el Presidente de la CCJ, sin haber visitado el sitio, adelantó que en su opinión hay daño ambiental no sólo para Nicaragua sino para toda Centroamérica, que debe ser atendido urgentemente y que por lo tanto Costa Rica es culpable.  Un juez nunca puede emitir pronósticos sobre el resultado de los asuntos sometidos a su conocimiento, menos aquellos aceptados irregularmente, y hacerlo constituye una grave falta ética. Para Costa Rica es claro que el presidente de la CCJ ha concluido que el país es culpable.

Prueba quinta: Ya la CCJ, por medio de su Presidente, habría adelantado criterio en el sentido que se emitirán medidas provisionales. El medio nicaragüense “Radio La Primerísima”, en su versión digital del 19 de diciembre de 2011, dice lo siguiente: “Lobo manifestó que una delegación de magistrados de la CCJ podría realizar una visita en la zona en que Costa Rica construye su carretera para constatar los daños ambientales que estaría ocasionando el proyecto y de esa manera definir las medidas cautelares que se impondrían al vecino país.  En caso de que Costa Rica desconozca la decisión de la CCJ, Lobo dijo que podría ser declarada ‘rebelde’…”  Esta declaración nuevamente denota una proclividad de la CCJ a prejuzgar, sugiriendo juicios adelantados de los hechos y sus consecuencias jurídicas.  

Prueba sexta: Todas las declaraciones públicas del presidente de la CCJ justificando sus actuaciones frente a Costa Rica en relación con este asunto.  No es digno para ninguna corte o tribunal polemizar públicamente en contra de un país, y mucho menos contra uno que no es parte de la organización. A pesar de que Costa Rica rechaza firmemente ser parte en este caso, la hostilidad que mueve al  Presidente de la CCJ en contra de Costa Rica es clara y es evidencia de su parcialidad a favor de Nicaragua. De hecho, el último eslabón en esta cadena de atropellos es el supuesto emplazamiento hecho a través de medios de comunicación nicaragüenses, exigiéndole al Canciller de Costa Rica que le rinda las pruebas a ese medio, como si estos medios informativos fuesen un tribunal de mayor estatura que la propia CCJ.

De la politización de la CCJ se deriva todo lo anterior: la parcialización es una consecuencia de ella. Sólo así se explica que un tribunal supuestamente de derecho internacional esté empeñado en imponer su jurisdicción a la fuerza sobre un país que soberanamente no la ha aceptado.

Todo juez debe caracterizarse por su prudencia, imparcialidad, parsimonia, dignidad y, sobre todo, discreción en la manera de conducirse en razón de su investidura. Como se ha visto, muchas de la pruebas de la parcialización y politización de la CCJ en contra de Costa Rica constan en los propios medios de comunicación a los que ha acudido el propio Presidente de la CCJ en su afán de intentar imponer a la fuerza su jurisdicción y competencias sobre Costa Rica. Para su infortunio, al hacerlo cometió una de las faltas más graves que un juez puede hacer, que es prejuzgar sobre un tema, y de paso, violar su propia legalidad.