Las personas remitidas a la Fiscalía son una mujer de apellidos Fernández Sola, quien era solicitada por el delito de robo simple; Marín Jirón por portación ilícita de arma permitida y Rodríguez Zamora por ocultación de impedimento, el cual consiste en reprimir con prisión al que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente.

Las acciones policiales se realizaron en “cuarterías” josefinas ubicadas en Barrio México y en zonas populosas del cantón Central de San José.

Flores Tenorio era requerido por el Juzgado Penal del III Circuito Judicial de San José, Esteban González por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, Molina Bernardi por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José y Sánchez Rodríguez por la Fiscalía de Pococí.

En total las autoridades consultaron a 270 personas.

Cabe destacar que al entrar a las “cuarterías”, las malas condiciones eran evidentes: el cableado eléctrico está a la intemperie, en una habitación residen entre tres y cuatro personas, hay un servicio sanitario para todos los inquilinos, el cielorraso está con huecos lo que evidencia el agua que se mete por el techo, en algunos cuartos el agua se filtra por las paredes, las puertas están zafadas y los pasillos son estrechos, entre otras características.

En las cuarterías hay entre 12 y 15 cuartos, en los que viven entre dos y cuatro personas y a quienes se les cobra 40 mil colones aproximadamente por mes. Esto significa que los propietarios de estas “cuarterías” reciben por mes entre 480.000 y 600.000 colones, pese a las condiciones en que viven sus inquilinos.