una política de prevención del delito como el programa "Escuelas abiertas", una iniciativa promovida por el ya exgobernante socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012) que permitía el uso de centros educativos públicos los fines de semana para actividades formativas, lúdicas y artísticas.

"Es un espacio que abre la posibilidad de socialización y capacitación de los jóvenes que no tienen muchas opciones porque hay lugares donde no hay espacios públicos y las escuelas son una alternativa", explicó.

Chub se inclinó además por fomentar un programa de cultura de legalidad "porque hemos perdido este valor como sociedad y aceptamos como algo normal violar las normas como agredir a las personas, pagar para obtener una licencia de conducir, etcétera".

Guatemala está entre los 14 países más violentos del mundo, según el segundo informe de la secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, una iniciativa diplomática lanzada en 2008. El reporte, publicado en octubre, fija que en ese grupo de países, seis latinoamericanos, se concentra 25 por ciento del crimen mundial.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, promovida y avalada por la Organización de las Naciones Unidas, asegura que 98 por ciento de los crímenes cometidos en este país con 14 millones de habitantes, quedan en la impunidad, lo cual lo convierte en un paraíso para los criminales.

El Ministerio de Gobernación informó el día 3 que en 2011 hubo en el país 5.632 homicidios, equivalente a una tasa de 38,6 por cada 100.000 habitantes, 8,4 puntos menos que en 2008. Pero la tasa es muy superior a la ya alta de América Latina, de más de 29 homicidios por 100.000 habitantes, según organismos internacionales.

"Como sociedad civil especializada esperamos conocer cuál será la política de seguridad del nuevo gobierno", dijo a IPS el experto Marco Antonio Canteo, del no gubernamental Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

"Hasta ahora hemos visto acciones pero esperamos que estas sean parte de toda una estrategia", matizó.

Canteo explicó que el nuevo gobierno debe considerar algunos ejes "muy importantes" tales como la creación de un ministerio de seguridad y de la policía de investigación criminal y otras reformas para fortalecer la institucionalidad policial.

Añadió que el gobierno también debe contribuir en la lucha contra la impunidad con la búsqueda de los recursos financieros para fortalecer todas las instancias que conforman la cadena de justicia.

"Queremos que el nuevo gobierno pueda cumplir con mejorar la seguridad bajo los principios de seguridad democrática y respeto a los derechos humanos. Y vamos a expresar nuestra nuestro beneplácito si así se hace y lo vamos denunciar en caso contrario", concluyó.

Verónica Godoy, de la no gubernamental Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, dijo a IPS que para Pérez Molina "será difícil lograr resultados en seguridad, sobre todo, si cree que en seis meses puede conseguirlo".

La especialista se refirió a la percepción de seguridad como "algo muy importante para la población" al punto que "el gobierno anterior reportó una disminución de 7,4 por ciento de asesinatos pero esto no fue sensible para la población".

Godoy también consideró la prevención del delito como "algo fundamental" que requiere mucho trabajo a nivel comunitario con municipalidades y autoridades locales.

"Porque si no se hace esta labor los resultados en el combate al crimen pueden ser solo temporales", advirtió.

Mientras tanto la lucha contra la impunidad debe ir de la mano.

"Debe haber mucha coordinación entre todas las instituciones que conforman la cadena de justicia como la policía, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Sistema Penitenciario", sugirió.

Godoy cree que el nuevo gobierno del derechista Partido Patriota tiene la oportunidad de lograr resultados en el combate a la criminalidad aunque en definitiva "no será nada fácil".