contra el Ejecutivo costarricense a fin de ganar en claridad sobre las consecuencias de la obra denunciada por organizaciones ambientalistas, informó el presidente de la CCJ, Francisco Darío Lobo, citado por El Nuevo Diario.

Mientras, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ignora la propuesta de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, de resolver el conflicto por la vía del diálogo, y se niega a reconocer la competencia del tribunal centroamericano.

 El canciller costaricense, Enrique Castillo, manifestó que su país desconocerá cualquier orden de la Corte Centroamericana, organismo que la última semana dispuso como medida cautelar la suspensión de la obra.

 Por su parte, el magistrado Darío Lobo expuso la situación al mandatario de Honduras, Porfirio Lobo, quien funge como presidente pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y este le manifestó su apoyo a la Corte.

 Expertos en asuntos internacionales y numerosas autoridades nicaragüenses en declaraciones a la prensa consideran la idea del diálogo entre ambos países como útil, necesaria y urgente, en tanto el gobierno de Costa Rica ordenó acelerar la construcción de la vía.

Como se puede observar, en ningunos de los medios se menciona el hecho más importante del por qué Costa Rica desconoce dicho fallo, lo que dejaría al descubierto que más que un reclamo “real, serio y con competencia”, aparenta más bien ser parte de una campaña de desprestigio contra un país que hace únicamente uso de su soberanía.

Costa Rica no ha firmado, y mucho menos “ratificado” ser miembro de dicha corte de justicia, por lo tanto, no existe asidero legal en el “Derecho Internacional” que justifique el que Nicaragua haya iniciado esa demanda, y mucho menos que sea respaldada por Cuba y Venezuela.