Un tercer aspecto fundamental de la iniciativa es que estipula que los dineros que se generen con esta ley solo pueden emplearse en la disminución de la deuda interna.

Específicamente sobre el proyecto la Contralora Aguilar indicó que "hay algún nivel de preocupación porque existen un conjunto de normas que ya de por si están echando manos del superávit libre".

Entre esas leyes que ya disponen de parte de los superávit se encuentra la de Protección al Trabajador; Prevención de riesgos y atención de emergencias; Sistema Bancario Nacional; Junta de Protección Social; CONAPE; Mercado de Seguros; Fortalecimiento del ICE y del Consejo Nacional de Producción (CNP).

La Contralora agregó que la propuesta tiene la diferencia de que es una regulación permanente, que no se acaba con el año fiscal, sin embargo, le falta regulación, pues es sólo una autorización y no una obligación para las instituciones.

Dijo que uno de los problemas que le encuentra es que en ninguna parte de la iniciativa se menciona la Caja Única donde están los pasivos del gobierno con los órganos desconcentrados.

Con respecto de los gastos sin asignación presupuestaria es del criterio que “no conviene eliminar totalmente esta partida, pues responde a la técnica presupuestaria —da flexibilidad y equilibrio— pues existen necesidades reales no clasificadas, como sería por ejemplo, un referéndum”.

La recomendación de la Contraloría es que se tenga un concepto dual y que “las empresas del Estado contribuyan con impuestos —como Renta por ejemplo— y no comenzar a cercenar el superávit.

“El superávit es fluctuante y está sujeto a cierta discrecionalidad en el gasto como por ejemplo cuando las inversiones se pueden realizar a más de un año plazo”, explicó la visitante.