"Son atentados contra los derechos básicos de las mujeres", dijo a IPS la activista Teresa Pineda, una de las portavoces de Marea Violeta.

Pineda aclaró que, "aunque hablemos de recortes, lo que está en juego fundamentalmente son cuestiones ideológicas y no económicas". Además, tildó de "clasista" a la reforma de la comúnmente llamada ley del aborto, porque "la mujer que quiere hacerlo, lo hace" y ahora las menos pudientes recurrirán a lugares inseguros para su vida, aumentando el circuito de la clandestinidad.

La norma en vigor, aprobada a impulsos del entonces gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero (2004-2011), no exige el consentimiento de los padres, pero sí que estos sean informados de que su hija –que debe tener entre 16 y 17 años- va a abortar, siempre que no aleguen "peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".

La reforma prevista implicaría un cambio en los plazos para volver a un sistema de supuestos similar a la regulación de 1985, en el que las mujeres deben alegar motivos para su decisión. Hoy se permite abortar libremente a cualquier mujer hasta la semana 14 de gestación.

Mientras, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, se manifestó totalmente en contra de cualquier ley en la materia, porque considera que la interrupción voluntaria del embarazo "es algo tan cruel que ninguna sociedad desarrollada debería plantearlo siquiera como una opción".

"Igualdad y libertad son incompatibles con el aborto", dijo a IPS.

Latorre añadió que la Federación que dirige está "contenta" por el anuncio del gobierno y "expectante" ante las medidas venideras, porque "ya es hora de que tengamos una legislación progresista que asegure el derecho a la vida de todos y ayude a los más débiles".

En cambio, Marea Violeta clama contra la "ofensiva patriarcal de los gobiernos conservadores" que, según su manifiesto, han reducido los fondos destinados a políticas de igualdad entre hombres y mujeres.

Con ello se eliminaron las subvenciones destinadas a centros de atención a mujeres y han "desmantelado" el Instituto de la Mujer, lo que supone una "violenta agresión a los avances logrados durante la democracia".

Pineda narró que "otra de las luchas" es la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y a las familias, que ha beneficiado a muchas mujeres al ser ellas fundamentalmente las que se dedican al ámbito de los cuidados.

El gobierno suspendió por un año la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios a la también llamada ley de dependencia, que financia los servicios que precisan las personas por padecer una enfermedad, tener un accidente o al llegar a la vejez.

En una entrevista realizada el miércoles 8 en la radio estatal, la vicesecretaria general del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Elena Valenciano, afirmó que la revisión de leyes como la del aborto supone un "retroceso de 30 años o varios siglos".

Estos cambios harán que "la sociedad española se vuelva más retrógrada de lo que es en realidad, sólo por la ideología del gobierno", apuntó.

Otra de las normas que el gobierno pretende modificar es la del matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobada en 2005, y que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional.

El cambio o derogación de esta ley "sería un error de proporciones colosales", manifestó a IPS la exdirectora de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Beatriz Gimeno.

Rajoy, quien desde el 21 de diciembre gobierna con mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas, suele decir que su discrepancia con la norma del matrimonio homosexual está solo en el nombre y que prefiere el término "unión".

Para Gimeno, tanto la derogación de la ley como el cambio de denominación supondría "una situación de desigualdad" entre las personas que ya han contraído matrimonio y las que se quieran casar después. Advirtió sobre los "efectos simbólicos y sociales" negativos de la variación del nombre.

"Sólo los regímenes fascistas, como el de Francisco Franco (dictador de 1939 a 1975), han revisado el estado civil de las familias", recordó la escritora.

Otro de los cambios anunciados es la sustitución de la asignatura "Educación para la ciudadanía", aprobada por Real Decreto en 2006, por una Educación cívica y constitucional que elimina "cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico", declaró el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Pilar Iglesias, profesora e integrante del equipo coordinador de Marea Violeta, comentó a IPS que el cambio de la materia de estudio puede suponer una "censura" de contenidos, mientras que los obispos católicos españoles y entidades como Profesionales por la Ética y la Confederación Española de Centros de Enseñanza aplauden la noticia.

Esta asignatura, diseñada por el Parlamento en base a la Ley Orgánica de Educación, cumple una recomendación del Consejo de Europa en 2002, pero "contiene cuestiones opinables que no se pueden imponer a los alumnos" y no debe ser "una herramienta en manos de los gobiernos", explicó a IPS un portavoz de Profesionales por la Ética.

Se suprimiría todo texto que no se refiera a conocimiento de la Constitución y las instituciones de las sociedades democráticas y la Unión Europea, anulando, por ejemplo, los capítulos que hablan de las relaciones interpersonales y humanas que recogen de forma sutil el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar.

"Estas reformas pretenden contentar a los sectores más reaccionarios del gobernante Partido Popular", opinó Gimeno, quien cree que, si se concretan, "situarán a España al nivel de los países menos avanzados y democráticos".

Otros anuncios, como la instauración de la "pena de prisión permanente revisable" para "delitos de gran alarma social", han sido cuestionados por entidades como la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía, que tachó la decisión de "populista" y señaló en una nota que el endurecimiento de las penas "no sirve para reducir la criminalidad".

Diversas voces apuntan al "motivo político" de estos anuncios del gobierno y argumentan que su propósito es satisfacer al sector más conservador de la formación y distraer la atención sobre la grave crisis económica que afecta al país y que sume en el desempleo a más de 22 por ciento de la población económicamente activa y a 50 por ciento de su jóvenes.

Rajoy se enfrenta a aguas bien revueltas. Los sindicatos, profesores, alumnos y padres de estudiantes llevan varios meses de protesta por los recortes en la enseñanza no universitaria en la comunidad de Madrid.

A su vez, la Marea Blanca, integrada por trabajadores de la Sanidad, clama contra las modificaciones de sus condiciones de trabajo y la pérdida de salario, mientras el colectivo de los bibliotecarios, unidos en la Marea Amarilla, protesta por los recortes en las bibliotecas públicas españolas.