Las organizaciones ambientalistas critican los millones de litros de agua que se necesitan para la mina y el uso de cianuro altamente contaminante, como en el caso de las minas a cielo abierto, para separar el oro de la roca.

Un claro ejemplo es Panamá, donde el conflicto entre los indígenas Ngabe Buglé y el gobierno por un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas ha dejado esta semana dos muertos.

Según Raisa Banfield, directora de la fundación “Panamá Sostenible”, el proyecto contempla “talar 5.000 hectáreas de bosque de la zona”.

“Habrá pérdida boscosa de biodiversidad y de hábitat para especies endémicas y habrá contaminación del suelo, de las aguas subterráneas y de los ríos”, explica.

En el noreste de Perú, tras semanas de disturbios que llevaron al presidente Ollanta Humala a decretar el estado de emergencia, el proyecto Conga, de 4.800 millones de dólares, quedó suspendido a la espera de que tres peritos extranjeros evalúen el EIA presentado por la compañía Yanacocha.

En Argentina, unas 20 personas fueron detenidas el pasado miércoles en el desalojo de un corte de ruta que buscaba impedir que se siga explotando Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro en el noroeste del país.

En ese país ya se había hecho emblemática la localidad de Famatina (1.300 km al noroeste de Buenos Aires), que en los últimos años logró suspender dos proyectos auríferos.

Y hay proyectos paralizados en otros países, como Costa Rica y Colombia. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), hay más de 120 disputas en toda la región.

A pesar de las grandes oportunidades que ofrece, América Latina ya no es el “paraíso” desregulado para las grandes compañías mineras. Se está avanzando mucho en cuanto a normativa ambiental, aunque todavía queda mucho por hacer.