Dicho Gobierno Local, en sesión ordinaria del Concejo Municipal número 204-2010 del 20 de abril del 2010, aprobó un aumento de tarifa domiciliaria fija que pasó de ¢1.900 a ¢4.700, en tanto que para negocio comercial el ajuste consistió en un aumento de la base de ¢11.000 a ¢60.000, bajo el argumento de que no se había realizado ajustes en tres años. A ello se sumó que no existió un acuerdo formal y firme del Concejo Municipal que autorizara el citado aumento.

Para la Defensoría es importante que los aumentos en estos servicios públicos no solo se encuentren bien sustentados técnicamente sino también que se permita a la población del lugar inmiscuirse, por la vía de la oposición fundada, en las decisiones que les conciernen, máxime si se toman en consideración que los usuarios a cargo de otros prestadores (como el AyA, por ejemplo) si tienen derecho a participar a través de este mecanismo público que regula la Ley de la Aresep.

“Tampoco se ha determinado un procedimiento legal de participación ciudadana en los supuesto de fijación o aumento, lo que en este caso se traduce en una lesión de diversos derechos fundamentales en cuanto a participación ciudadana, a la salud y al principio de transparencia y de rendición de cuentas en la función pública que corresponde a las corporaciones municipales”, expresó el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Fallas Acosta.