Redacción.-Cuando en 1973 la administración Figueres decidió reubicar el principal puerto del Pacifico en la bahía de Caldera, era evidente que con una nueva carretera conectando Ciudad Colón con Orotina, el nuevo puerto estaría a solo 80 km de San José, apenas una hora. Se estudió un trazado por la margen izquierda del Virilla (El Rodeo, Piedras Negras, Turrubares) que parecía el más económico, al pasar por tierras incultas de bajo costo. Pero con el tiempo se adoptó la ruta por la margen derecha (La Guácima, Turrúcares, Concepción), por terrenos más costosos y de difícil adquisición, como se vino a comprobar. Este pudo haber sido el primer pecado en la aciaga historia de esta ruta.

Desperdicio. La crisis de deuda externa a principios de los 80 impidió mayores avances. No obstante, en 1986 el gobierno de Arias obtuvo $40 millones del BID para construir la nueva vía, aunque pasaron los años de esa administración sin que se utilizara el préstamo. Igual ocurrió durante el cuatrienio de Calderón (1990-94). Se desperdició la oportunidad de aprovechar esos recursos que el BID retiró al vencer el plazo de haberlos utilizado. El país pagó inútilmente $3 millones en comisión de compromiso. Se podía haber construido la carretera hace 20 años, pero algo –o alguien- falló.

Derecho de vía y puentes. A fines de los 90, sin financiamiento disponible, se consideró licitarla por concesión, pero faltaba adquirir más de la mitad del derecho de vía, lo que se entrabó por acción de “gavilanes” asociados a peritos valuadores y a dueños angurrientos que inflaban el valor de las propiedades. Aunque fueron denunciados ante el Ministerio Público en 1997, éste consideró que tal abuso no está tipificado como delito en el Código Penal. ¡Insólita interpretación! Ha tomado 20 años adquirir los terrenos para esta obra de interés público. Varios puentes mayores se licitaron en 1997 con $25 millones prestados por Venezuela. Se terminaron e inauguraron en la administración Rodríguez, y también se inauguró y bautizó la carretera, que aun no existía. Estos males inaugurales como que se pegan.

Concesión. La administración Pacheco licitó el proyecto por concesión en 2004, con tan mala pata que solo hubo una oferta, de la empresa Cartelone, que pronto quebró. Se trató de interesar a la empresa Lavalin de Canadá, pero al año se retiró alegando que aun no se disponía del derecho de vía. Al llegar la administración Arias, se negoció directamente la concesión con Autopistas del Valle, un consorcio adjudicatario de San José-San Ramón desde 2005, que aun no logra financiamiento ni inicia la construcción después de 5 años, pero sigue de adjudicatario. Fue contratada bajo el nombre de “Autopistas del Sol” para construir Ciudad Colón-Orotina y además mejorar La Sabana-Ciudad Colón y Orotina-Caldera, ya construidos, lo que elevó el costo a $120 millones. Alegan que costó 3 veces más -$370 millones-…y aun no terminan. Así serán los peajes. Los sobreprecios parecen ser un pecado común de las concesionarias.

Incumplimientos. La empresa y el Consejo de Concesiones pegaron carrera para tratar de concluir la obra antes de las elecciones. El gobierno la recibió e inauguró el 27 enero, sin que estuviera lista. El resultado está a la vista: hubo de cerrarse para corregir serios problemas que han provocado graves accidentes. La firma inspectora ha señalado que se ignoraron informes sobre múltiples incumplimientos. ¿Deliberadamente para no demorar su inauguración? ¿Cayeron en un agujero negro? Debería investigarse, ya que de ser así, constituiría un grave pecado mortal.

Diseño anticuado. Fue errado usar el diseño de hace 20 años con solo dos carriles y uno de ascenso, es diseño anticuado y peligroso, ya no se usa. El primer día se saturó la vía, y sigue ocurriendo en horas pico. Será peor si se construye el aeropuerto internacional propuesto en Orotina. Lo lógico era hacer la terracería para cuatro carriles, aunque por ahora solo pavimentaran dos. En el futuro, el costo de ampliarla va a ser prohibitivo.

Peaje y garantía. El cobro de peaje se inició prematuramente, con la vía sin terminar. El monto a pagar y la ubicación de las casetas de cobro han sido cuestionados. Además, la concesionaria logró que el contrato incluyera una garantía de “ingreso mínimo anual”, de modo que si lo recaudado por peaje no alcanzara la suma prevista, el gobierno tendrá que pagarle la diferencia. ¿Quiere decir entonces que la empresa concesionaria no tiene que preocuparse por cierres de la carretera, o por la reducción del número de usuarios si estos creen que la ruta es insegura además de cara? Sin duda, la nueva administración no recibe la mesa servida, como se dijo, sino bien embarrealada.