Redacción.-La decisión del mandatario fue anunciada por medio de un comunicado de prensa. El documento detalla que “el Estado atenderá la petición para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de derechos humanos”.

Con ello, las autoridades buscan ratificar el compromiso de velar por la salud de la población y proteger el medio ambiente.

Otra recomendación acatada fue la realización de estudios por parte de los ministerios de Salud y Energía y Minas, así como de la cartera de Ambiente, para establecer si existía contaminación. Sin embargo, los resultados arrojaron que el agua es apta para el consumo humano.

En cuanto a la evaluación realizada a los pobladores, el Ministerio de Salud no detectó ninguna enfermedad vinculada con la presunta contaminación, destaca el comunicado.

Mientras tanto, la cartera del Interior atiende la cuarta recomendación sobre preservar la integridad física de los pobladores luego de que denunciaran presuntas intimidaciones.

Las decisiones del gobernante fueron trasladadas  a la CIDH, ya que ayer venció el plazo emitido por dicha instancia.

El organismo internacional sugirió las medidas luego de que trascendiera un estudio realizado por expertos estadounidenses que confirmaba que pobladores aledaños a la mina eran afectados por actividades de esta.

Señalamientos

En mayo pasado trascendió un informe realizado por científicos de la universidad de Michigan, Estados Unidos, en el que se detallaba la presencia de metales pesados en los organismos de los habitantes de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, donde centra sus operaciones la empresa minera, subsidiaria de la canadiense Goldcorp.

El estudio provocó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual resolvió dictar medidas cautelares, entre ellas el cierre temporal de la mina para establecer si existía contaminación que provocará problemas en los vecinos del lugar.

A favor y en contra de la decisión gubernamental

“Ya era tiempo de que el Presidente acatara la resolución de los organismos internacionales (…), ya que la mina Marlin no llena los requisitos para poder dar cumplimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Es una decisión trascendental que sienta un precedente. Con ello aumenta la credibilidad del Estado de Guatemala”.

Juan Tinay,
dirigente campesino

“Nosotros no podemos hacer otra que respetar el derecho internacional. El que ellos hayan tomado esta decisión no es aceptar que la mina esté dañando la salud de los pobladores, sino más bien abre la puerta para realizar investigaciones que puedan determinar si existe o no contaminación producida por la mina Marlin”.

Óscar Córdova,
diputado

“No es una decisión acertada. El análisis fue más político, manda un mensaje muy negativo. El Presidente fue presionado políticamente por grupos interesados en el tema. Lo único que logra es mandar un mensaje negativo a los inversionistas que quieran traer capital al país y perjudica a las personas que no tienen empleo”.

Carlos Zúñiga,
empresario

“Más allá de cerrar temporalmente operaciones se da la oportunidad de avanzar, ya que no es solo un tema ambiental, sino también legal, social y económico. Esto no se debe ver como una derrota de la empresa ni como un tema de impacto a las inversiones, sino como un cumplimiento del Estado de derecho”.

Yuri Melini,
ambientalista