Uno se impresiona cuando en el centro de la capital vemos crecer lo que se siente como un poderoso consorcio hospitalario privado en desarrollo; y no deja uno de pensar que gran parte del financiamiento para el mismo pudo haber salido de las arcas de la Caja, a través del tráfico de influencias, la compra de servicios, la contraposición horaria médica y otros.

Dentro de los gravísimos problemas que en nuestro criterio están conduciendo a la Caja hacia su quiebra, está la acumulación gigantesca de las deudas que con ella tienen tanto el sector privado como el propio Estado.

Ahora resulta que en este último caso, el arreglo de pago que se hizo en el Gobierno anterior que encabezó el señor Oscar Arias Sánchez, no contempló el pago de intereses por la deuda estatal para con la CCSS; es decir, solamente se le obligó al Gobierno a pagar el principal de la deuda, perdonándosele que no pagara los intereses acumulados por la misma, cantidad que no es nada despreciable a juzgar por el monto de esa deuda, ya de por sí polémico y de dudosa credibilidad pues se dice que es mucho más alto.

Aun así, en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, su Ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga Chaves y el entonces Presidente Ejecutivo de la Caja, don Eduardo Doryan Garrón, llegaron a este acuerdo, en octubre de 2007.

Primero: Que la deuda del Gobierno con la Caja quedaba en un monto de 123 mil millones de colones (casi un 1.5 % del Producto Interno Bruto -PIB-). Se trata de una cantidad astronómica, gigantesca pero que algunos entendidos y con buena base argumental, sostienen que es mucho mayor.

Segundo: Que por esa deuda de 123 mil millones, no se le cobraría al Gobierno interés alguno. Se le perdonaría el “atraso”. (¿Se procederá así con los patronos privados, especialmente los de la pequeña y mediana empresa? Por supuesto que no).

Tercero: Esa deuda (de monto cuestionable y con perdón de pago de intereses incluido), se pagará con bonos (papeles), y no con dinero contante y sonante (el “no hay plata” se utilizó ya desde ese momento).

Cuarto: La Caja fracasó, a finales del año pasado, en su intento por colocar en el mercado financiero parte de esos bonos (papeles) con que el Gobierno le pretende pagar la deuda que tiene con ella. La Caja se dio “contra un muro” y no pudo colocar esos papeles lo que la obligó a endeudarse, ¡por primera vez en su historia!, para funcionar en lo mínimo. Pidió un préstamo de 35 mil millones de colones a los bancos Nacional y de Costa Rica, pagando intereses mensuales por el orden de los 612 millones de colones. Más préstamos vienen en camino si los que pueden no le compran esos bonos.

Los señores Arias, Zúñiga y Doryan deben explicar, ampliamente, su proceder en tal sentido; es decir, la condonación del pago de intereses de la deuda del Gobierno con la Caja, lo cual, repetimos, no se hace con los patronos morosos con ella.  

La situación es de extrema gravedad según nuestro criterio. Si a uno de los mayores (si no el mayor) deudor con la Caja se le perdona el pago de intereses por esa gigantesca deuda; deuda que además se paga con papeles (bonos), que no se pueden colocar bien en el mercado financiero para que la institución tenga dinero contante y sonante y que por tal razón, la obliga a endeudarse para su funcionamiento mínimo; entonces, nos preguntamos: ¿no es acaso que ya empezamos a transitar la ruta de la irreversible quiebra de la Caja?

Porque, “a quien no quiere caldo, dos tazas”. Si bien es cierto la actual Constitución Política de Costa Rica dice en su artículo 177 que si Caja tuviera déficit, el Estado deberá acudir en su ayuda, inyectándole vía Presupuesto Nacional los recursos que le hagan falta; ¿de dónde saldrá la plata para esto si el propio Estado está con un gigantesco déficit que ya lo tiene en este momento, a él mismo, pidiendo prestado pagar los salarios de los maestros, de los policías y de los otros funcionarios públicos del poder central de la Administración Pública?

Es aquí donde, necesariamente, tenemos que hablar de la imprescindible Trasformación Tributaria Estructural que el país necesita. A riesgo de que nos “abucheen” por nuestra insistencia en ello, seguiremos con esta terquedad ansiosa porque no queremos hacernos cómplices de que, por un lado, una persona empleada pública se quede sin trabajo porque “no hay plata” (déficit fiscal) para seguirle pagando su salario; y, por otro, que esa persona tuviera un serio quebranto de salud, con riesgo de su propia vida, y que no pudiera recibir atención médica oportuna porque la Caja está en quiebra o va hacia ella. No señores. De ello no queremos hacernos cómplice teniendo la oportunidad de alertarlo y denunciarlo con toda la fuerza que podamos.

Deuda del Estado con la Caja

Aplaudimos con fuerza la decisión de la actual cúpula política de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de rectificar la pésima decisión adoptada en el anterior Gobierno, encabezado por el hoy Expresidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, de condonarle al Estado el pago de intereses con relación a la gigantesca deuda que mantiene con la Caja; decisión ésta completamente desafortunada adoptada por la anterior Presidencia Ejecutiva de la institución, en manos del Ing. Eduardo Doryan Garrón.

Somos del criterio de que la más importante y querida institución pública del pueblo costarricense, como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), está pasando por la encrucijada más difícil y dramática de toda su historia, incluso con grave riesgo de deterioro financiero irreversible. Por tal razón, la ciudadanía activa y sus distintas organizaciones deben promover una especie de cruzada patriótica para salvar a la Caja.

Si desafortunada fue la errónea decisión política del binomio Arias Sánchez-Doryan Garrón, de perdonarle al Estado el pago de intereses con relación al arreglo de su deuda con la Caja, adoptado en octubre de 2007; no menos errónea y perniciosa fue pagar el principal de esa deuda con papeles, con bonos, cuya colocación en el mercado financiero le ha resultado sumamente difícil a la Caja, lo que la obligó a endeudarse por primera vez en toda la historia de su existencia, para funcionar a nivel mínimo.

No basta con que la Asamblea Legislativa convoque al señor Doryan Garrón a comparecer y ofrecer explicaciones sobre el particular, como se anuncia para el próximo viernes 16. También deben ser convocados el propio Expresidente Arias Sánchez y su Ministro de Hacienda, el señor Guillermo Zúñiga Chaves, protagonista directo del arreglo de pago que el Estado hizo con la Caja, por un monto de 123 mil millones de colones, pero sin cobro de intereses.

Además, si bien es importante esta rendición de cuentas en el escenario político, la propia Asamblea Legislativa debe abrir el camino para las responsabilidades penales inmersas en este problema. Es más, el propio Ministerio Público debería de actuar de oficio sin esperar una denuncia formal.

La Caja, víctima de poderosos intereses corporativos internos y externos, debe ser salvada de quienes, intra y extramuros, la tienen “secuestrada”.