Del sector participan firmas transnacionales como América Móvil, cuyo propietario es el mexicano Carlos Slim, considerado el hombre más rico del mundo. Con la marca comercial Claro, es la versión privatizada de la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones vendida a France Telecom en 1999 y en manos de Slim desde 2003.

También están presentes en El Salvador la firma española Telefónica y la jamaiquina Digicel.

Las torres comenzaron a ser instaladas con el pretexto de que serían para colocar cámaras de circuito cerrado en parques y paseos públicos, como parte del proyecto de "videovigilancia" para mejorar la seguridad ciudadana, que impulsa el recientemente reelecto alcalde capitalino Norman Quijano, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista.

Sin embargo, IPS pudo constatar en varias comunidades y barrios que las torres finalmente fueron utilizadas para la telefonía inalámbrica, como la ubicada en Centroamérica, en el noroeste de San Salvador, entre otras.

Un documento fechado el 24 de noviembre, firmado por el delegado municipal del Distrito 2, Rafael Henríquez, establece que la municipalidad otorga permiso a Collocation Technologies El Salvador SA de CV "para que lleve a cabo los trabajos de instalación de torres o estructura de telecomunicaciones en el parque Centroamérica".

Los vecinos afectados aseguran que esa empresa es subcontratada por alguna de las compañías telefónicas para instalar las antenas. "Ya lo hicieron en Centroamérica y ahora querían llegar a nuestra colonia, pero no lo permitimos", afirmó Suncín.

Ningún funcionario de la alcaldía de San Salvador estuvo disponible a la petición de entrevista de IPS.

Los vecinos de las zonas donde ya hay antenas instaladas piden que sean removidas. "Lo bueno es que hay un movimiento de ciudadanos que se oponen, sin esperar a reaccionar cuando ya haya víctimas de cáncer", señaló a IPS el activista Gregorio Ramírez, de la Unidad Ecológica Salvadoreña.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, también se sumó a las críticas al asegurar que esas estructuras fueron levantadas sin informar a la población.

La pugna entre los afectados y el gobierno de San Salvador se dio en el marco de la campaña electoral para alcaldes y diputados, que culminó el 11 de marzo con un nuevo triunfo de Quijano. Este atribuyó las protestas a acciones políticas para evitar su reelección.

El artículo 11 de la ordenanza municipal que regula la instalación de las antenas da potestad al alcalde para autorizar la instalación de tales estructuras, pero con la condición de que no se encuentren en derecho de vía, arriates o en sitios que colinden con viviendas.

Ese requisito estaba en riesgo de ser violado en el caso de la antena que se pretendía levantar en el Reparto Santa Fe, pues el sitio elegido está a unos pocos metros de varias residencias, como pudo constatar IPS.

Hasta ahora, el gobierno nacional ha guardado silencio.

"Debería haber un pronunciamiento de diferentes instituciones del Estado, ya con un estudio que establezca e investigue sobre en base a qué normativa se amparó la alcaldía al otorgar el permiso, y también respaldar con informes de OMS que esas radiaciones causan un daño", dijo a IPS la directora ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Nayda Medrano.

El servicio de telefonía, desde su privatización, es objeto de múltiples quejas de los consumidores, que denuncian cobros excesivos y otros abusos.

Cifras del CDC indican que la tarifa de telefonía fija residencial en El Salvador llega casi hasta los 10 dólares mensuales, mientras que en la vecina Honduras solo alcanza al equivalente a 2,10 dólares, en Nicaragua a 3,58 y en Guatemala a 5,36 dólares.

Aunque El Salvador cuenta con una ley de telecomunicaciones y un ente regulador, los analistas coinciden en que las firmas transnacionales supieron obtener beneficios mayores en el marco de la onda privatizadora que se expandió por el país y el resto de América Latina en la década de los años 90.

Pero con la llegada al gobierno por primera vez de la izquierda de la mano del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en junio de 2009, pocos cambios se han apreciado, se quejaron los vecinos.

La Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Instalación de Antenas de Telefonía Celular solicitó al parlamento que prohíba la instalación de esas antenas cerca de centros habitacionales.

Los activistas entienden que esa ley debe incluir el principio precautorio, establecido por la OMS en 1992 y que fue tomado en cuenta en países como Argentina y Chile. Allí se indica que, ante la incertidumbre científica de que las radiaciones electromagnéticas dañen o no la salud, deben tomarse acciones para un riesgo potencialmente serio.

Pese al optimismo, los vecinos saben que se enfrentan a poderosos grupos económicos y políticos. "Es una lucha de David contra Goliat", arengó Suncín.