en la medida en que su interpretación y aplicación concretas, preserven los elementos esenciales de la democracia y del derecho parlamentario.  Agrega que el acoger la acción de inconstitucional planteada, después de que esta Sala ha declarado su constitucionalidad en varias ocasiones, perjudicaría sensiblemente el principio de seguridad jurídica, el de igualdad ante la justicia y el de respecto a los precedentes jurisprudenciales de la Sala Constitucional.  Si ese principio es necesario reafirmarlo en lo general, más aún lo es cuando un cambio de jurisprudencia pudiera derivarse de la presencia coyuntural de un Magistrado Suplente.  En este sentido, cita a don Rodolfo Piza Escalante al afirmar que “La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, aún para sí misma.  Sin embargo, la Sala mediante el voto conforme de la mayoría de sus miembros titulares, podrá modificarlos en sentencia debidamente motivada”.

A su vez, el magistrado Piza Rocafort considera que el artículo 208 bis, no es, ni puede ser, un cheque en blanco, y por tanto la aprobación concreta del procedimiento legislativo que se decida al amparo del citado artículo, debe ser revisada escrupulosamente, para garantizar que por esa vía no se violenten ni el principio democrático ni los principios derivados del derecho parlamentario.