no se percataron de las observaciones en letra menuda que figuraban en sus compromisos con los sandinistas. Los ejes ya mencionados eran válidos, mientras la burguesía dispusiera de su propio poder armado de clase, pero al desaparecer la Guardia Nacional de Nicaragua, quedaron en situación de rehenes del hipertrofiado aparato de terror y chantaje del FSLN.

Los capitalistas nicaragüenses, victimas de su aventurerismo político, huyeron en masa a Miami, declarando a su llegada que los habían "engañado los muchachos", porque ellos no sabían que eran comunistas. Se cumplió el axioma político que toda revolución genera su propia contrarrevolución. Los restos de la Guardia Nacional de Nicaragua y el campesinado liberal que estaban aposentados en territorio hondureño, formaron las primeras Fuerzas de Tareas de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), contando con la ayuda militar limitada de los Estados Unidos, interesados en evitar que se produjera el efecto de dominó en la región centroamericana, principalmente en El Salvador. Nunca les suministraron artillería ni medios aéreos, ni en la estrategia impuesta se incorporó la liberación de zonas importantes del territorio nicaragüense.

Los propios Estados Unidos impusieron a los integrantes de los Directorios Político y Militar de la FDN, los que al final se fusionaron con los grupos contrarrevolucionarios establecidos en Costa Rica y que nunca combatieron contra los efectivos sandinistas, operando bajo el nombre de Resistencia Nicaragüense. Estos quedaron en manos de los capitalistas que estuvieron aliados con los sandinistas y supuestos disidentes que constituyeron una efectiva quinta columna que mediatizó el deseo de los ex-guardias nacionales y liberales por derrocar militarmente al FSLN y los mercenarios rojos que los respaldaban.

Colapsada económicamente la URSS, se iniciaron las llamadas Pláticas de Paz entre los representantes de la Resistencia Nicaragüense y del régimen sandinista. Una de las exigencias que debían cumplir los sandinistas era convocar a elecciones de autoridades generales, negociéndose la candidatura de la señora Violeta Chamorro, aliada de los sandinistas desde que formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Triunfó en las elecciones del 25 de febrero de 1990, designando a su nefasto yerno, Antonio Lacayo Oyanguren, Coordinador del llamado Período de Transición, el que a través de un pacto implementó la letra menuda del que firmaron previamente los miembros del Directorio Político de la Resistencia Nicaragüense con los representantes del FSLN.

Los efectivos del ejército contrarrevolucionario fueron obligados a desarmarse e internarse en el territorio nacional, en enclaves previamente designados para tal efecto, mientras que el Ejército Popular Sandinista, Policía Sandinista y Seguridad del Estado, quedaban como poder coercitivo del Estado. A su vez, Lacayo Oyanguren y Humberto Ortega Saavedra, negociaban el pacto que lo dejaba como Comandante en Jefe del Ejército del FSLN. También se concedía libertad absoluta a los miembros de las estructuras políticas, militares y de seguridad del FSLN para realizar un exhaustivo saqueo de los recursos del Estado y de particulares, conocido como la "piñata sandinista". Asimismo, se le otorgaba licencia al FSLN para desarrollar una estretagia desestabilizadora de los gobiernos liberales, gobernar desde abajo, gracias a la cual terminaron gobernando desde arriba.

Tanto el pacto firmado por los miembros del Directorio Político de la Resistencia Nicaragüense como el pacto Lacayo Oyanguren-Ortega Saavedra, tenían su letra menuda, la que puede resumirse en el control total de parte del FSLN del aparato coercitivo del Estado, la "piñata sandinista" y el disfrute de impunidad ante la ley por todos los crímenes de lesa humanidad en que incurrieron sus cuadros de sicarios y verdugos.

Uno de los mayores responsables de que el sandinismo convertido en orteguismo, haya regresado al poder por la vía electoral, la tiene Adolfo Calero Portocarrero, el que resumía en sus manos el mando político y militar de los efectivos contrarrevolucionarios. Ha declarado recientemente, que fue "prematura la desmovilización de quienes llevaron a la mesa de negociaciones al FSLN, donde fueron traicionados por los dirigentes impuestos por los Estados Unidos".

El pacto firmado por el doctor Arnoldo Alemán Lacayo con Ortega Saavedra, fue hasta cierto punto una consecuencia de los pactos anteriores que le entregaron el monopolio de la fuerza militar, policial y de seguridad al FSLN que se estaba convirtiendo en orteguismo. El sandinismo reconocía su condición de fuerza política minoritaria frente al PLC, quedando con menor número de miembros en todos los organismos colegiados, donde antes dominaba por completo. Tenía también su letra menuda, siendo la disposición fundamental que cada agrupación política quedaba en libertad de acción para negociar alianzas con los representantes de otros grupos políticos, por lo que podía conspirar contra su socio del pacto, sobre todo si tenía en sus manos las "cañas huecas" del aparato coercitivo del Estado.

La oportunidad dorada se le presentó al orteguismo durante la presidencia del Ingeniero Enrique Bolaños Geyer, cuando se propuso encarcelar al Doctor Alemán Lacayo y provocar divisiones en las filas del liberalismo, el que lo había llevado con sus votos al poder. Al retirarle su apoyo la bancada liberal de la Asamblea Nacional y solicitar a ésta su destitución la Contraloría General de la República, por no suministrar la documentación pedida por el organismo colegiado sobre el tema de los delitos electorales que estaba investigando, se entregó en manos del secretario general del FSLN. Fue el origen del pacto Bolaños-Ortega.

Bolaños Geyer pidió auxilio a la Corte Centroamericana de Justicia, previo desembolso de medio millón de dólares y a la Organización de Estados Americanos (OEA). Como el FSLN estaba suministrándole oxígeno al bolañismo, el secretario general del organismo interamericano, José Miguel Insulza, se trasladó rápidamente a Nicaragua, logrando salvarse a través de la Ley Marco el titular de la Nueva Era, pero convirtiéndose en rehén cautivo del orteguismo. Fue entonces cuando escogió como su delfín al Licenciado Eduardo Montealegre Rivas.

En las elecciones generales de noviembre del 2006, Montealegre Rivas participó como candidato a Presidente de la República por una facción del liberalismo, pero previamente ya había pactado con Ortega Saavedra. La letra menuda de este pacto era que si el conteo de los votos no garantizaba el triunfo de este individuo en la primera vuelta, el delfín de Bolaños Geyer felicitaría de inmediato por su "triunfo" al candidato del FSLN. De esta manera lograron que el 8.5% de los votos duros del PLC no fueron tomados en cuenta. De esta manera, evitaron una segunda vuelta entre el Doctor Rizo Castellón, candidato del verdadero liberalismo y Montealegre Rivas, porque en tal caso hubiera triunfado el que fue compañero de fórmula de Bolaños Geyer.

Contando con el aval de Montealegre Rivas, Ortega Saavedra incurrió en toda clase de violaciones de la Constitución Política, haciendo posible su ilegal e inconstitucional candidatura a la Presidencia de la República en las pasadas elecciones generales. Pero antes puso a punto los mecanismos del fraude que tenía preparado, de común acuerdo con los corruptos magistrados electorales, lo que se llevó a cabo en los comicios municipales del 9 de noviembre del 2008.

Las elecciones generales de noviembre del 2011, se caracterizaron por la implementación de un nuevo megafraude, tal y como aparece en los Informes elaborados al efecto por los Observadores Internacionales de la OEA y de la Unión Europea. Lo más grave es que además del "triunfo" de Ortega Saavedra, le adjudicaron al FSLN una mayoría aplastante de diputaciones, por lo que puede hacer aprobar todas las reformas que quiera a la Constitución Política. Pero la reelección de Ortega Saavedra y el control absoluto de la Asamblea Nacional necesitan un maquillaje, por lo que ahora y de común acuerdo con su socio de aventuras y de darle jaque mate a la institucionalidad democrática, están listos para concertar el pacto definitivo que cerrará las puertas para toda solución civilizada y dentro de los marcos de la legalidad republicana a la nueva dictadura del secretario general del FSLN.

Lo más sospechoso es que el nuevo pacto entre Montealegre Rivas y Ortega Saavedra, es solicitado vehementemente por los grupos políticos que participaron agrupados en la alianza PLI-MRS, además de los empresarios y capitalistas, los que sin ningún pudor afirman que el secretario general del FSLN les protege sus bienes y les permite realizar jugosos negocios, dentro de la estrategia que han bautizado como "pragmatismo constructivo". Con el mayor cinismo afirman que es necesario recuperar la institucionalidad y la confianza de la comunidad internacional, garantizando la vigencia de la democracia a través de ese mecanismo de subordinación.

Todos los que no son orteguistas saben muy bien que la institucionalidad regresaría a Nicaragua con la renuncia masiva de todos los candidatos que deben sus cargos a la suma de violaciones constitucionales y el megafraude realizado por los corruptos magistrados electorales, encabezados por su Presidente, Roberto Rivas Reyes ( "Macho Negro jr." ), lo que conlleva también la renuncia de Ortega Saavedra a continuar ejerciendo ilegalmente la Presidencia de la República. Todo esto se formalizaría con la realización de un nuevo proceso electoral, con nuevas autoridades electorales y la presencia de Observadores Nacionales y Extranjeros. Pero esto nunca será negociado por el orteguismo, porque perderían toda oportunidad de fortalecer la dictadura que está en marcha.

Pero, ¿cuál es la letra menuda del pacto que firmarían Eduardo Montealegre Rivas y Ortega Saavedra? Ha trascendido que la deuda contraída por las empresas orteguistas con Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), principalmente ALBA-CARUNA, previa aprobación de la Asamblea Nacional se transformaría en deuda pública, pese a que la llamada cooperación venezolana ha sido privatizada en beneficio exclusivo del secretario general del FSLN y los miembros de sus entornos familiar, político y militar. Otra de las disposiciones que se negociarían entre los pactistas es pasar una pensión de retiro a los miles de desmovilizados del Ejército Popular Sandinista y del Ministerio del Interior, los que levantaron tranques en las carreteras en días pasados, pero las que no saldrían de los cuantiosos recursos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), sino de las arcas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), lo que conduciría a su cierre definitivo a corto plazo.

Con la mayoría aplastante que tiene el orteguismo en la Asamblea Nacional, puede aprobar sin ningún problema y sin oposición alguna esas dos disposiciones. Pero por efectos de imagen le conviene sumar a tales leyes gangsteriles a los diputados del PLI, para presentar tales canalladas como consensuadas entre gobierno y oposición política. Tal es el triste papel que desempeñaría Montealegre Rivas en las negociaciones conducentes a ese nuevo pacto de la infamia.

El propio asesor político de Montealegre Rivas y que no es otro que su primo, Mauricio Montealegre, declaró públicamente que podía darse el lujo de legitimar la ilegal reelección de Ortega Saavedra sin quemarse. Si eso es capaz de hacer, también puede prestarse a avalar la conversión de una deuda privada en deuda pública y aprobar la liquidación de los recursos del INSS, los que serían entregados a los desmovilizados del Ejército Popular Sandinista y del Ministerio del Interior, ya que con el dinero que tiene no le importa para nada las miserias que tengan que soportar los que tienen legítimo derecho a una pensión de jubilación.

Dios nos agarre confesados de la letra menuda del nuevo pacto Montealegre-Ortega.