Considera esta Defensoría que los cuestionamientos que se le hicieron a la metodología que ARESEP pretende aplicar, debieron haber sido resueltos previo a su aplicación, para no dejar dudas, no sólo sobre los criterios técnicos que están siendo considerados en este modelo, sino sobre el procedimiento utilizado y su legalidad.

Por otro lado, como se señaló anteriormente, cuando se discutió en audiencia pública la propuesta de la ARESEP sobre la metodología extraordinaria de ajuste de tarifas para el transporte remunerado de personas modalidad autobús, dicha propuesta no contempló el transitorio que establece el procedimiento para la primera fijación nacional en el primer semestre del 2012, es decir, no se estableció, y por lo tanto no fue discutido en aquel momento, el procedimiento de cálculo de cada una de las variables que contiene el modelo, al menos, no en la forma como lo establece la metodología aprobada por la ARESEP mediante resolución RJD-168-2011.

Así las cosas, los cambios generados en la propuesta metodológica y que no fueron discutidos en la audiencia publica, convierten el acto de aprobación del modelo en un acto que a todas luces es ilegal. Por lo tanto, la Defensoría no sólo se opone a la aplicación del modelo sino que solicita a la ARESEP detener el presente ajuste de tarifas hasta tanto no se revisen y se discutan en audiencia pública los criterios técnicos objetados por esta Defensoría y por quienes han cuestionado la metodología utilizada en la presente fijación, pues existen elementos técnicos muy importantes que deben ser analizados minuciosamente, con el fin de garantizar a las partes interesadas una metodología técnicamente bien sustentada y cuyo procedimiento de aplicación sea sin la menor duda, transparente.

Adicionalmente es importante reiterar que la ARESEP introdujo cambios en la forma de calcular los costos de combustibles, salarios y gastos administrativos, considerados en el modelo automático de ajuste, con respecto a lo que se discutió en la audiencia pública, de manera que estos cambios no debieron ser aprobados por la Autoridad Reguladora sin haber pasado por el filtro de la audiencia pública, en razón de que las personas, entidades u organizaciones que presentaron sus observaciones el día de la audiencia, no pudieron analizar el modelo y el procedimiento que en esta ocasión está utilizando la ARESEP.

La Defensoría estima que el procedimiento para establecer las tarifas absolutas del año 2009 no es claro, y en consecuencia, no se puede establecer con absoluta certeza, que los valores determinados sean los apropiados. Nótese que la encuesta realizada por la ARESEP es únicamente para insumos de mantenimiento, pero la metodología también contempla los cambios en los costos de combustibles, salarios y gastos administrativos, los cuales ya fueron reconocidos, no sólo en las fijaciones nacionales, sino en las fijaciones ordinarias individuales que se realizan entre las fijaciones generales, en las cuales se reconocen todos los costos de la empresa directamente relacionados con la prestación del servicio.

Igualmente la Defensoría reitera a la Aresep que si alguna empresa de transporte público modalidad autobús, se encuentra en una situación de estrechez económica, puede recurrir sin ningún problema, y en el momento en que lo deseen, al ajuste ordinario de tarifas, que además, les permite cubrir el cien por ciento de la estructura de costos. De esa forma pueden resolver el problema de tarifas que pudieran tener en ese momento, ya que la ARESEP le estaría fijando una tarifa de equilibrio, en razón de que estarían siendo reconocidos todos los costos y no el 75% como lo hace la metodología de ajuste extraordinario. Al hacerlo de la forma como lo sugiere esta Defensoría, el transitorio, cuyo procedimiento es poco transparente, además de ilegal, es innecesario.

Además de las observaciones al procedimiento que desea utilizar la Aresep, la Defensoría se cuestiona entre otras cosas, los requisitos solicitados, la aplicación de la consulta pública en lugar de la audiencia pública y la actualización de los insumos.

Adicionalmente la Defensoría presentó esta semana una acción de coadyuvancia al recurso de amparo presentado por el diputado Manrique Oviedo, donde se cuestiona en esa instancia jurisdiccional, el uso de este modelo automático.