negocio inmobiliario, la pesca, alimentos, editoriales, construcción, infraestructura, industria automotriz, de software, turismo, ocio y cadenas de tiendas, entre otros muchos rubros.

Datos de la embajada de España en Argentina indican que 28 por ciento de las inversiones extranjeras en este país sudamericano en 2009 eran españolas.

A modo de ejemplo, la empresa Telefónica, filial argentina, informa en su página que tuvo en 2011 ingresos por 4.163 millones de dólares, lo cual representó cinco por ciento del total de los negocios globales de esta transnacional que tiene 63 por ciento de sus clientes en América Latina.

También se destacan la empresa eléctrica Endesa, que tiene en Argentina 4,7 por ciento de los activos con los que cuenta en la región, y los bancos Santander y BBVA, aunque los beneficios que obtuvieron esas dos entidades en este país el año pasado no son de relevancia respecto del conjunto de sus actividades en el mundo, según sus informes anuales.

"De una u otra forma esto va a afectar a la economía española", declaró a IPS el profesor de economía aplicada Juan Benítez, de la sureña ciudad de Málaga. El deterioro de resultados económicos de una empresa como Repsol afecta, además de a los accionistas, a sus trabajadores, proveedores y firmas con las que mantiene relaciones comerciales, explicó.

Repsol tenía 36.323 empleados en 2010, distribuidos en más de 30 países, pero España concentra 46 por ciento de ellos y Argentina 37 por ciento.

Cautela y mesura ganan dinero

Hace menos de un mes, la Cámara Española de Comercio de la República Argentina (Cecra) recibió a una delegación de 22 empresas pequeñas y medianas que llegaron desde Madrid en busca de oportunidades a la sombra de las compañías grandes, ya afincadas, de las que pueden ser proveedoras.

El presidente de la Cecra, Guillermo Ambrogi, dijo a la prensa en febrero que Argentina "seguirá siendo el tercer país receptor de inversiones extranjeras directas de España en América Latina, después de México y Brasil".

La Cecra, que trabaja en colaboración con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Industria de España, tiene en Argentina 830 socios, que son compañías de capital español o mixto de diverso tamaño.

Ambrogi, quien también representa a la federación que agrupa a las cámaras españolas en la región, informó que las inversiones originadas en ese país europeo acumuladas en Argentina llegaron a 60.000 millones de dólares en los últimos 17 años.

Muy cauta tras el anuncio de la nacionalización de la mayoría del paquete accionario de YPF, la Cecra se negó a dar entrevistas periodísticas y solo mantuvo reuniones con la embajada española a fin de llegar a consensos antes de expresar cualquier posición. Si bien detrás de ese mutismo pueda intuirse inquietud en el sector empresarial, la actividad continúa sin alteraciones e incluso hasta hace pocos días, algunas firmas no dudaban en evaluar positivamente su vínculo con el gobierno centroizquierdista de Fernández.

"Nuestra relación con el gobierno es buena, no hemos tenido inconvenientes", comentó la portavoz de Gas Natural Ban, Betina Llapur, al ser consultada por IPS en vísperas de la decisión de expropiar acciones de Repsol, cuando la relación entre esta transnacional y el gobierno por la caída de la producción y la falta de inversiones estaba tensa pero no había hecho crisis.

La española Gas Natural Fenosa, con 50,4 por ciento de las acciones, y la estatal Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que gestiona los ahorros de pensiones de Argentina, con 25 por ciento, conforman esta empresa que al cierre de 2010 contaba con casi 1,5 millones de clientes y una red de distribución de más de 23.000 kilómetros en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires.

"El reclamo de invertir más no se aplica a nosotros, porque expandimos nuestras redes y sumamos 30.000 nuevos clientes por año" en sectores de bajo poder adquisitivo, aseguró Llapar.

La empresaria resaltó que también tienen una "muy buena relación" con el representante de Anses en el directorio. "Lo apreciamos mucho y trabaja para la empresa", destacó.

En España, el impacto también podría estar más acotado de lo que parece, a juzgar por los movimientos de funcionarios españoles en el exterior.

El economista español Jesús Carrión, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización, declaró a IPS que hechos como la expropiación de acciones de Repsol en YPF perjudican "a las elites económicas, pero no a nosotros como sociedad".

Según datos de la propia firma, la empresa transnacional Repsol no cuenta con mayoría de capital español, puesto que 42 por ciento de las acciones pertenecen a fondos de inversión extranjeros y 9,49 por ciento a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El resto sí se reparte en España entre la banca española CaixaBank, con 12,83 por ciento, la connacional Sacyr con 10,01 por ciento, fondos de inversión locales con 9,9 por ciento, inversores minoristas que suman 10,8 por ciento y el resto son acciones de Repsol como tal.

El economista argentino Héctor Valle, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, dijo a IPS que la nacionalización de YPF "es positiva" y representa "la decisión más importante en materia energética en los últimos 20 años".

En su opinión, "la relación del grupo inversor español con el gobierno estaba en un punto crítico hace rato, y virtualmente agotada" por necesidades e intereses que diferían mucho entre la empresa y el Estado argentino.

Repsol en YPF tenía una concepción propia de una multinacional, que invierte donde tiene más rentabilidad, y esa visión chocaba con las necesidades de desarrollo de Argentina, advirtió.

Valle no cree que sea una avanzada del Estado contra las empresas españolas. No obstante, admitió que sí puede ocurrir que la economía del país europeo, que está "en un momento crítico", sea afectada indirectamente por esta determinación.

"Ellos tienen problemas de déficit fiscal y las multinacionales están contribuyendo a reducir el rojo revirtiendo las utilidades que obtienen en las filiales hacia las casas matrices", dijo.

En ese punto, la expropiación de acciones de Repsol podría representar un inconveniente, pero no de la magnitud que se expresa en las declaraciones de los funcionarios, indicó.

Carrión coincidió en que los beneficios de las empresas españolas tienen una "enorme dependencia" de sus filiales en América Latina, pero en cambio no tienen en cuenta los impactos ambientales que recaen sobre comunidades indígenas, como las denuncias sobre la contaminación de los habitantes indígenas de la zona del yacimiento de Loma de Bata, en Argentina.

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* Con aporte de Inés Benítez (Málaga, España)