La política pública debe tener como objetivo final la generación de oportunidades iguales para hombres y mujeres y la superación de las desigualdades económicas, sociales y territoriales. Para fortalecer el derecho a la educación como base de la movilidad social, aprobamos la reforma al Artículo 78 de la Constitución Política, para aumentar su presupuesto de un 6 a un 8% del PIB.

Además, reformamos la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo con el objetivo de modernizar los mecanismos para el desarrollo de vivienda para la clase media costarricense. Con esta modificación el INVU podrá contratar fideicomisos con otras entidades financieras para financiar proyectos de vivienda destinados a personas o familias que por sus ingresos no califican para el bono de vivienda ni para los proyectos de interés social.

• Eliminamos el tope de endeudamiento para JAPDEVA, permitiéndolo realizar más inversiones y generar más empleo y desarrollo a la provincia de Limón.
  
  
• Aprobamos los recursos necesarios para el mejoramiento de la Red Vial Cantonal.
  
  
• Regulamos los intercambios de energía con la aprobación del II Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América.
  
  
• Destinamos recursos frescos para la seguridad nacional por medio del Impuesto a las Personas Jurídicas y el préstamo con el BID para el programa de prevención de la violencia y promoción de la inclusión social.
  
  
• Aprobamos recursos para financiar el programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas.

Hoy la ciudadanía puede disfrutar de un ambiente protegido del humo del cigarro, las familias de clase media puedan aspiran a una vivienda, el sistema educativo contará con más recursos, los puertos de Limón tienen las herramientas financieras para modernizarse, y las municipalidades contarán con dinero para mejorar la red vial cantonal.

Durante este año se aprobaron 88 leyes, de las cuales poco más de la mitad (48) corresponde a legislación nueva que vino a resolver nuevas necesidades de la ciudadanía.

Ese dato reafirma el criterio de la calidad y trascendencia de las leyes, considerando que en el periodo anterior (2010-2011) el 60% de los proyectos aprobados correspondieron a convenios internacionales y autorizaciones para que las municipalidades donen y segreguen terrenos a terceros.

A pesar de que el Poder Ejecutivo no utilizó durante seis meses las comisiones con potestad legislativa plena -importantes para descongestionar y desentrabar el Plenario Legislativo- el estándar de calidad y efectividad también es sobresaliente en comparación con las últimas dos Asambleas Legislativas, en sus segundas legislaturas; dado que este periodo legislativo no sólo se supera la cantidad de leyes aprobadas, sino que es el periodo en el que más leyes se le aprueban al Poder Ejecutivo. Se confirma, entonces, que el Directorio de la Alianza nunca fue un obstáculo para la Administración Chinchilla Miranda, sino que le aportó calidad y respondió a las prioridades manifestadas a esta Asamblea Legislativa.

Estamos convencidos de que lo más importante es mejorar la calidad de las leyes, y ordenar la maraña legal con que cuenta nuestro país y que dificulta muchas veces su aplicación. Por eso, y gracias a la iniciativa de la diputada Gloria Bejarano Almada, firmamos un convenio con el Colegio de Abogados de Costa Rica, para que realice una revisión completa del ordenamiento jurídico costarricense que permita su depuración.

Nombramientos

Asumiendo con responsabilidad otra de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, realizamos numerosos nombramientos pendientes en la Sala Constitucional, la Sala III, la Corte Suprema de Justicia, ARESEP y el Tribunal Registral defendiendo la paridad y la idoneidad en los nombramientos.

Esto no se trata solo de un ejercicio mecánico de elección. El hecho de que se produjeran tantos nombramientos refleja también un ejercicio y la voluntad de negociación desplegada para lograrlo por parte de la Alianza por Costa Rica.

Administración eficiente

Amparados en los principios de la eficiencia, la austeridad y el respeto, se inició el proceso de despolitizar la administración, devolviendo a los diferentes departamentos y oficinas su potestad de decidir y garantizar la igualdad de condiciones para todas las fracciones legislativas representadas.

El ahorro de recursos fue una meta prioritaria de la gestión. Para lograr este objetivo se emitieron reglamentos para regular el pago de tiquetes aéreos y viáticos y el uso de los vehículos oficiales para giras dentro del país. Considerando criterios de seguridad y adecuada fiscalización de los bienes del Estado, se restituyó el uso del dispositivo de posicionamiento global (GPS) en los autos de la Institución.

Además, se restringió casi en su totalidad el consumo de licores, permitiendo únicamente lo propio en actos protocolarios.

Se restituyó la norma de que cada diputado tenga derecho a 2,2 funcionarios administrativos destacados en sus despachos, y 5,87 puestos de fracción (máximo 8 funcionarios por diputado). Esta medida no solo genera igualdad de condiciones entre los despachos, si no que permite reforzar los departamentos institucionales devolviendo el personal que había sido tomado por fracciones políticas.

En números

En los rubros “Actividades Protocolarias y Sociales” y “Alimentos y Bebidas” solicitadas por todos los despachos, los reglamentos emitidos permitieron un ahorró de un 33% del monto gastado en el periodo anterior.

2010-2011  30.099.912,00
2011-2012  20.381.516,13
Ahorro        9.718.395,87

En esos mismos rubros, pero en gastos solicitados directamente por la Presidencia o el Directorio Legislativo, en el periodo 2011-2011 se ahorró un 72% en relación con el monto utilizado por el periodo anterior.

2010-2011  15,177,699.00
2011-2012    4,258,100.00
Ahorro       10,919,599.00

En Gastos de Representación, ahorré un 76% en relación con el monto gastado por mi antecesor.



La Costa Rica del bipartidismo y de los pactos entre cúpulas se extinguió hace ya muchos años, y llegó la hora de que asumamos con valentía el reto de reeditar los acuerdos nacionales que nos definieron como nación. Costa Rica se ha hecho grande cuando personas con pensamiento muy diferente han guardado sus banderas para tejer juntas la ruta de la solidaridad y la justicia, y un país de oportunidades que muchas generaciones hemos disfrutado.

“La diferencia construye, el pensamiento único subordina y somete”, esa certeza guió las acciones del Directorio Legislativo durante el periodo 2011-2012. Abrimos las puertas de la Asamblea Legislativa para que las organizaciones sociales y productivas y las diferentes poblaciones que representan la diversidad de nuestra sociedad, encontraran espacios de escucha y construcción colectiva de las mejores ideas y propuestas para el futuro de nuestro país.

Esa misma convicción devolvió a la Asamblea su responsabilidad en la negociación y discusión de temas de relevancia nacional y en la reedición de los acuerdos nacionales, que han sido fundamentales en nuestra definición como Estado.

En los últimos años, los gobiernos costarricenses se caracterizaron por mutilar el diálogo y por dividir a la sociedad en bandos, recurriendo a la construcción de enemigos públicos y a la creación de plataformas clientelares para desviar la atención, repartir culpas y evadir responsabilidades por gestiones que cada vez dicen menos de las necesidades de la población, caímos, como lo indiqué en diciembre pasado, en el neopopulismo.

Revertir esa tendencia solo es posible mediante el diálogo social, que incluya a la sociedad civil en la toma de decisiones y nos ponga a caminar desde de la agotada democracia representativa a una institucionalización de la Democracia Participativa.

Hemos avanzado en esa ruta, y es deber de esta Asamblea Legislativa fortalecer y profundizar esos esfuerzos.

Las mesas de diálogo que instalamos durante este año dieron los primeros pasos en la generación de los grandes cambios que requiere la sociedad costarricense. Nos comprometimos con la búsqueda de soluciones en temas estratégicos para el desarrollo económico del país y el bienestar de las personas, con una agenda que promueva la reactivación económica, el acceso a las comunicaciones, el respeto de todos los derechos humanos, la innovación en ciencia y tecnología, la generación de empleo, el emprendedurismo y la seguridad ciudadana.

No puedo más que agradecer profundamente a las cámaras empresariales, a los sindicatos, a los grupos ambientalistas, a las cooperativas, a las y los estudiantes, a los representantes indígenas, a las personas con discapacidad, a las y los afrodescendientes, a dirigentes de las organizaciones que representan la diversidad sexual, a las organizaciones feministas y a representantes de otros poderes del Estado, que creyeron en estos esfuerzos y fueron parte trascendental de un año en que hemos sembrado las bases de una Costa Rica más participativa, más justa, más próspera.

También abrimos las puertas para que las Diputadas y Diputados se reencontraran con las comunidades que representan en sus curules. Las Ferias de Participación Ciudadana y las múltiples giras nos acercaron a realidades que no siempre son comprendidas dentro de la “burbuja legislativa”, pero que son fundamentales para nutrir nuestras propuestas y decisiones, como es nuestro deber si asumimos una verdadera representación.

Me voy a permitir leerles brevemente algunas de las frases que nos enviaron dirigentes de estas organizaciones y poblaciones para este informe, podrán leer estas reflexiones completas y las de muchas otras personas que consultamos en el documento digital.



Costa Rica se construye así, con la participación de todas y todos ustedes. Así se hizo grande y así regresará a la ruta del desarrollo con oportunidades.

Frente a la división de la sociedad en bandos y la invención de “enemigos”, promovimos el diálogo social.

Frente a la descalificación y el miedo, demostramos eficiencia.

Frente a la manipulación y el clientelismo, respondimos con respeto y contundencia.

Los retos para la Costa Rica del bicentenario son muchos. Enfrentarlos requiere de autoridad moral y firmeza en la lucha contra la corrupción, respeto a las leyes y al Estado de Derecho en el ejercicio de la función pública, apertura para diseñar y aceptar diversas formas de participación ciudadana, y valentía, transparencia y humildad para asumir la hora que nos convoca, la hora de los acuerdos nacionales.

Ver / Descargar "Presentación del discurso emitido ante la prensa" en documento PPT