actuando en estrecha coordinación con los gobiernos locales. De esta forma, Costa Rica está ampliando el horizonte de descentralización y contribuyendo a la gobernabilidad democrática”, explicó.

Agregó que “esta ley, y su progresiva puesta en marcha, representa una plataforma innovadora para asegurar el progreso rural de Costa Rica. Estamos seguros que los habitantes rurales encontrarán en este marco legal mejores oportunidades para vincularse al desarrollo que lleva nuestro país”.

Mejores condiciones para el sector agroalimentario

El Mandatario en ejercicio destacó que “la Administración Chinchilla Miranda formuló en el marco de los compromisos establecidos en su plan de Gobierno la ‘Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010 – 2021’, como una plataforma para mejorar las condiciones de vida e ingresos de la población nacional vinculada al sector agroalimentario y al medio rural”, y la ley que transforma el IDA en el INDER es concordante con este esfuerzo.

“De este modo, el país estaría en capacidad de enfrentar los principales desafíos en materia de competitividad, innovación y desarrollo tecnológico, y gestión de los territorios rurales, apoyados en una institucionalidad pública y privada”, añadió.

Para el Presidente en ejercicio, “el reto es abordar el desarrollo rural territorial como un proceso evolutivo hacia la inclusión y sobre todo hacia una mayor equidad, que exige a todos los actores del proceso solidaridad, consenso, visión, perseverancia, compromiso, una fuerte voluntad política y un amplio componente de capital social”.

“El abordaje de la planificación territorial se fundamenta en procesos de diálogo y negociación con las partes involucradas, la elaboración de planes, programas y proyectos con responsabilidad compartida entre las instituciones y la sociedad civil, y se fundamenta en la persona en su territorio, como centro del desarrollo sostenible”, concluyó.