3.      Una vez que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió medidas provisionales en marzo de 2011, por las cuales se ordenaba que el Ejército de Nicaragua desocupara el territorio de Isla Portillos, que Costa Rica y Nicaragua tenían que darle seguridad a la zona y que competía únicamente al personal del MINAET el cuido ambiental de esa parte del humedal Caribe Noreste, el Gobierno de Costa Rica, en cumplimiento de lo ordenado, inició una inmediata coordinación entre las instituciones para atender lo dispuesto por la Corte.  

4.      Dentro de los asuntos que había que atender estaban los aspectos de seguridad relacionados con actos o manifestaciones de representantes de Nicaragua sobre el escalamiento de hostilidades, incluyendo la amenaza de derribar aeronaves costarricenses, navegar por el río Colorado, niveles inaceptables de acoso a costarricenses que se veían obligados a navegar el río San Juan y la afirmación del Jefe de Estado de aquel país señalando que Guanacaste era de Nicaragua, y que los guanacastecos eran nicaragüenses.  Estos actos y manifestaciones ameritaban obras civiles inmediatas para la protección del territorio nacional y de los costarricenses.

5.      Se realizaron acciones para colocar torres y cámaras para cumplir con las disposiciones de la CIJ y observar mejor los incumplimientos de Nicaragua. Asimismo, la instalación de una estación biológica, y de control y vigilancia ambiental, para la protección del Humedal Caribe Noreste e instalaciones para tener un equipo permanente de nuestros policías en la zona costarricense. Se evaluó que era necesario realizar mejoras en los caminos de acceso a Delta Costa Rica en razón de la seguridad de las vidas de nuestros funcionarios públicos y de los propios vecinos. El MOPT y el CONAVI continuaron obras, ya no solo en el acceso terrestre al sector de Delta Costa Rica, sino con la intentación de unir toda la zona fronteriza. Esto era de gran importancia porque se daba seguridad integral a toda la frontera.

6.      En el contexto de un país invadido y amenazado, era incompatible realizar estudios de impacto ambiental como condición para llevar a cabo esas obras, dado el estado de urgencia, pues ello hubiera retrasado cualquier acción de defensa por meses, si no años, en medio de la incertidumbre.  Para atender situaciones excepcionales como la señalada, es que en Costa Rica existe un régimen de excepción, como es el marco normativo de la Ley Nacional de Emergencias, justamente para permitir al país tomar acciones inmediatas para su protección, lo cual ha sido ratificado por los tribunales de justicia nacionales y es apoyado por el derecho internacional, específicamente el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Con base en ese artículo Costa Rica informó a las Naciones Unidas sobre la realización de la ruta 1856.

7.      El MINAET no ha descuidado su papel de supervisión y como muestra debe señalarse que en el momento en que se detectó que se estaban realizando obras fuera del área cubierta por el Decreto de Emergencia, estas fueron detenidas de inmediato, la maquinaria confiscada y las denuncias judiciales interpuestas.

8.      Cuando Nicaragua decidió compensar y distraer la atención por la invasión militar a Isla Portillos, inició una campaña de desprestigio en contra de Costa Rica sin precedentes, con ocasión de la construcción de la ruta 1856. Por invitación de la Corte Centroamericana de Justicia, presentó un caso ante esa instancia en noviembre de 2011, y luego, el 22 de diciembre de ese año, otro caso contra Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia.  Previendo que Nicaragua quería ensuciar nuestra imagen y debilitar el caso por Calero, todas las instituciones examinaron medidas para defender al país. Se propuso entonces la realización de una Evaluación Ambiental y la puesta en marcha de medidas de mitigación.

9.      Es en este contexto, que se discutió la mejor forma de conducir esa Evaluación. Nuestros asesores jurídicos habían señalado que una evaluación ambiental debía estar avalada por expertos independientes internacionales, para garantizar su objetividad y su peso técnico, pues de lo contrario Nicaragua se encargaría de desacreditarla. Considerando que ya la Corte Internacional de Justicia había estimado que correspondía al personal costarricense a cargo de la protección ambiental la vigilancia de Isla Portillos, era no solo lógico, sino lo correcto, que el personal del MINAET realizara la evaluación ambiental del camino en construcción y recomendara las acciones de mitigación, con el objeto de evitar cualquier daño a Nicaragua que apoyara su infundada demanda y mitigar cualquier impacto que se hubiera podido generar en el territorio de Costa Rica. Esa evaluación ya está concluida y las recomendaciones se están ejecutando.

10.      Costa Rica sostiene firmemente que Nicaragua no ha sufrido los impactos ambientales que  afirma tener.  Los impactos generados en el territorio de Costa Rica están focalizados, y han sido ya objeto de estudio por parte del personal del MINAET y atendidos a través del Plan de Gestión Ambiental.

11.      Compartimos la molestia y el repudio prevaleciente ante los posibles actos de corrupción denunciados por el propio Gobierno, y esperamos que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables, pero eso no debe, bajo ninguna circunstancia, demeritar la lucha por la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial.

12.      La ruta 1856 debe ser valorada por los costarricenses a la luz de las circunstancias antes explicadas y su importancia estratégica para el país. La crítica seria y objetiva permite mejorar lo hecho, pero esa crítica tiene que hacerse de manera que no se convierta en un instrumento que permita a Nicaragua infligir mayor daño a Costa Rica.  No hay duda que Nicaragua, después de ser la responsable única y directa de las acciones que hemos tenido que realizar, hoy se complace esperando que nosotros mismos carguemos con los actos que son de su exclusiva responsabilidad. No obstante, el Gobierno de la República reitera que, sin importar la adversidad, no claudicará en su legítima defensa.

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