La presidenta respondió con una misiva de diez páginas acompañada del documento “Plan Preliminar para la mitigación y/o compensación ambiental del área impactada por la construcción del camino paralelo al Río San Juan - Obra ejecutada bajo el decreto de emergencia No. 36440”, elaborado por el MINAET y con fecha del 2 de enero del 2012.

Ambos documentos presentan el razonamiento del Gobierno para realizar las obras bajo decreto de emergencia, señalando que su objetivo principal es la “defensa de la soberanía y de la integridad territorial” ante amenazas directas expresadas por el Gobierno de Nicaragua y que, señala la Presidenta, revelan un “espíritu de desconocer todo el régimen fronterizo” entre ambos países, llegando incluso a poner en duda el Tratado de Límites de 1858.

“Existen también razones de carácter social que justifican con claridad la tarea iniciada para la construcción de este camino y de los programas de electrificación y los otros asociados que se desarrollan”, señala la Presidenta y justifica sus acciones en otras instancias “incluso, en informes del Estado de la Región, se nos recomienda fortalecer la presencia institucional básica en los sectores que hoy atendemos”.

Señaló entonces que a pesar de que el decreto de emergencia exime al Gobierno de Estudios de Impacto Ambiental previos, por ejemplo, “las acciones que se han desarrollado y que se continuarán desarrollando en la construcción de la vía referida, se hacen buscando los menores impactos al medio ambiente”.  Incluso la presidenta Chichilla se fundamenta en una evaluación independiente realizada, según lo refiere,  por el Dr. Allan Astorga.

El Plan de Mitigación, elaborado por el MINAET,  señala una serie de impactos directos de las obras:  irrespeto de las zonas de protección ribereñas en varias zonas al seguir el trazado de trochas existentes anteriormente o bien abrir nuevas áreas; tala y relleno en algunas zonas; extracción de material en tajos existentes en la zona; problemas de drenaje de cuerpos de agua producto del retraso en la creación del sistema de alcantarillado; gran parte del camino aún no ha sido compactado ni se le ha colocado lastre y aún requiere acciones para estabilizar taludes, que podrían provocar deslizamientos de tierra; actual y potencial contaminación por ruido y residuos como aceites y escombros;  y la consolidación de un camino y creación de otro en el Humedal Medio Queso que pueden afectar el flujo y reflujo natural de aguas en el lugar.

El Plan señala también que vecinos de la zona han aprovechado para realizar obras adicionales y relacionadas al camino.

El MINAET señaló en el Plan de Mitigación que en sus visitas de campo no se han constatado daños ambientales al Río San Juan y la Presidenta negó también en su carta la existencia de efectos transfronterizos de la obra.

El Plan de Mitigación señala que desde la primera semana de enero se implementarían las siguientes medidas:  siembra de árboles de especies nativas a orillas del camino; monitoreo de especies de fauna afectadas; remediación de suelos; creación de lagunas de sedimentación y control de salida de materiales para los tajos, además del cierre técnico de los tajos una vez concluida la extracción; construcción de alcantarillas que incluyan estructuras para retener sedimentos; compactación, lastreado, estabilización de taludes mediante la colocación de zarán, zacate bloc, muros de contención o gaviones; asegurar que los materiales de desecho se dispongan de manera que no afecten los ecosistemas sensibles como el Humedal Medio Queso, en el cual se plantean obras ingenieriles para asegurar el flujo de agua normal.

Estas medidas deberían ser implementadas, según el documento, por el MINAET y el CONAVI, con el apoyo de otras organizaciones estatales, las comunidades, voluntarios y organizaciones de la sociedad civil.  Señala además, que el inicio de algunas de las obras dependerá de la disponibilidad de materiales y voluntarios.

El documento indica que el Plan debe ser considerado como preliminar y que sería revisado por funcionarios del MINAET en visitas periódicas a la zona.  Además, indicó que cuando se contase con el dinero disponible del fondo de emergencias, se construirían puestos de control y vigilancia ambiental a lo largo del Corredor Fronterizo.

Esta respuesta y este plan son un compromiso ambiental del Poder Ejecutivo con el país. Ante la discusión que se ha desatado en los últimos días en los medios sobre este asunto, como efecto colateral del descubrimiento de los actos de corrupción que rodearon la construcción de la vía, parece necesario que el gobierno vaya más allá de la conferencia de prensa realizada al principio de esta semana y que aclare más detalladamente qué está pasando con este plan. ¿En qué medida se ha avanzado con su implementación? Es completamente inconveniente para Costa Rica que existan ambigüedades en este sentido y que la información que hoy se encuentra en los medios sugiera que pudiese haber inconsistencias con respecto al compromiso adquirido. Una respuesta más detallada de parte de las autoridades ambientales del país es imprescindible.