Por eso, la propuesta social denominada“10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”, en su medida tercera ha planteado: “Acordar y ordenar en un plazo de 30 días la centralización de las compras de medicamentos e insumos médicos y permitir el seguimiento público de estas compras, de acuerdo con las potestades otorgadas a la Junta Directiva y que se encuentran establecidas en la ley. El traslado o descentralización de los procesos de compras institucionales ha generado gran ineficiencia en la contratación, así como el crecimiento de los costos por la imposibilidad de generar economías de escala por compras de gran volumen a nivel central”.

Toda esta situación de la perversa mezcla de lo público con lo privado en los servicios de salud a cargo de la Caja, está por ser auscultada profundamente. La situación del sobreprecio de medicamentos es tan solo la punta del icerberg que emerge de un mar de corrupción que carcome la institucionalidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Para el caso que nos ocupa, dudamos de que se actúe con contundencia para demandar las responsabilidades que están recayendo, directamente, en el anterior Gerente de Logística de la Caja, Ubaldo Carrillo. Este otrora alto jerarca debe ser llamado a cuentas, hasta en lo penal si es necesario, para que indique la perversa directriz que emitió cuando tenía tal poder derivado de ese cargo, en el sentido de que “no realizar estudios de racionabilidad de precios en los procedimientos de compra”. ¿Qué intereses de negocios serían protegidos con una directriz tal?; ¿qué clase de compromisos empresariales había de por medio?... Aunque el daño está hecho, la impunidad no debe ser ama y señora de la institucionalidad violentada de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).