El primer caso que mencionó, fue en el tema del Sistema Nacional de Salud, sobre implantes mamarios, donde a partir de esa alerta que hizo la Agencia de Seguridad Sanitaria de Francia, relacionada con la fabricación y distribución de implantes mamarios de la marca PIP, que utilizó un gel de silicones industrial no médico en los implantes, la Defensoría inicio una investigación donde se determinó que las mujeres que pusieron la denuncia no encontraron respuestas razonables por parte de las autoridades.

“Con ello las mujeres quedaban en desventajas, cargando una responsabilidad que no eran capaces de asumir y con la inseguridad por el futuro de su salud a partir de los posibles efectos de la sustancia utilizada en los implantes. Según nuestras leyes la salud es un derecho y un bien público que debe de ser tutelado por el Estado y garantizado por el Ministerio de Salud como ente rector del sistema nacional de salud, el cual según la normativa está conformado por todos los actores institucionales que tienen relación con la producción social de la salud, sean estos públicos o privados”, comentó.

Es por ello que según dijo, nuestras leyes indica que la salud es un derecho y un bien público que debe de ser tutelado por el Estado y garantizado por el Ministerio de Salud como ente rector del Sistema Nacional de Salud, el cual según la normativa está conformado por todos los actores institucionales que tienen relación con la producción social de la salud, sean estos públicos o privados.

“Claramente entones el Ministerio de Salud tiene potestades suficientes para emitir los actos administrativos necesarios contra los establecimientos privados que incumplan la normativa vigente y pese a ello su actuación ha sido insuficiente y muy débil”, sostuvo.

Mañana continuará la Defensora de los Habitantes, rindiendo su informe a los diputados.